- El sindicato Docentes por la Pública alerta sobre la “grave amenaza” que supone para los funcionarios y sus familias
Desde el sindicato Docentes por la Pública, alzan la voz frente a una decisión que pone en peligro derechos conquistados con esfuerzo por generaciones anteriores: el desmantelamiento de MUFACE. Aunque el Gobierno ha aplazado esta medida hasta 2027, el sindicato advierte que las señales actuales apuntan a un escenario preocupante.
Un derecho adquirido está “en peligro”
Según explican desde el sindicato, MUFACE representa mucho más que una simple opción sanitaria: es un derecho adquirido que permite a los funcionarios elegir entre el sistema público de salud y las mutualidades privadas. Sin embargo, las recientes menciones a un “MUFACE a extinguir” o la posibilidad de integrar masivamente a los funcionarios en la Seguridad Social generan inquietud sobre un posible recorte disfrazado de modernización. El sindicato recuerda que, en el pasado, se eliminó el régimen de clases pasivas para nuevos funcionarios, restringiendo sus opciones. Ahora temen que la misma estrategia se aplique a MUFACE, dejando a los nuevos trabajadores sin elección y limitando la posibilidad de reingreso a quienes la abandonen.
Impacto en la sanidad pública y en el colectivo docente
La desaparición de MUFACE implicaría la incorporación de miles de funcionarios al sistema público de salud, ya de por sí sobrecargado. En lugar de destinar más recursos a sanidad y educación, fundamentales para el bienestar social, el sindicato alerta que se está apostando por recortes que agravan la precarización.
El colectivo docente, en particular, se enfrenta a un escenario crítico: sobrecarga laboral, exceso de burocracia y falta de recursos. La eliminación de MUFACE sería “añadir más presión a un sistema que ya está al límite”, señalan desde la organización.
Defensa de los derechos adquiridos
Ante esta situación, Docentes por la Pública hace un llamado a la movilización bajo el lema: “MUFACE nos cuida, que no se apague su llama”. Consideran que no solo se trata de proteger esta mutualidad, sino de resistir cualquier recorte que amenace la calidad de vida de los funcionarios.
El sindicato insta a funcionarios, docentes y ciudadanos a permanecer vigilantes y unidos para evitar la pérdida de este derecho fundamental. “Nuestra salud y la de nuestras familias no son negociables”, concluyen, reiterando la necesidad de defender con firmeza los pilares de la sanidad y la educación.
