El Gobierno propuso este miércoles a las comunidades autónomas que “en educación Primaria no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo” y en Secundaria “sólo” se dejen estos dispositivos “en clase presencial cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico así lo requiera”.
Así lo confirmó a la prensa la propia ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en paralelo a la celebración de la primera Conferencia Sectorial de Educación, que se reunió este miércoles por primera vez en esta legislatura.
El objetivo de esta cita era aprobar la distribución a las comunidades autónomas de cerca de 330 millones de euros correspondientes a cuatro programas de cooperación territorial vinculados a la FP, la Educación Infantil, la enseñanza de programación y robótica, y la escolarización de desplazados por la guerra en Ucrania.
Según concretó Alegría, la propuesta de limitar los móviles en las aulas responde al trabajo que Educación lleva “mucho tiempo” realizando “con autonomías e instituciones como Save the Children y la Fundación Anar”, entidades que piden el fin de los dispositivos en la infancia a través de informes “sólidos”.
“Somos conscientes de que hay que dar respuesta a esas inquietudes de tantísimas familias”, dijo la ministra, a pesar de que hace unos días reiteró que prohibir los móviles en la educación equivaldría a “poner puertas al campo”. Para abordar esta cuestión el Ministerio se reunirá con las autonomías y el Consejo Escolar del Estado en “los primeros días de enero” para buscar una solución “consensuada” a esa preocupación de la comunidad educativa y así diseñar una “respuesta combinada y conjunta” que respetará la autonomía educativa de los centros y las competencias de las comunidades autónomas, como según la ministra ya se hizo con la vuelta a la presencialidad tras la pandemia.
Para Alegría, aunque “el 75% del uso se realiza fuera del horario lectivo”, desde el sistema educativo se puede ofrecer “parte de la solución, aunque desde Educación no se puede dar respuesta a todo”.
La responsable de las políticas educativas también aseguró que trasladará esta primera propuesta de trabajo a las familias de los alumnos y recalcó que «el horario de recreo también es horario lectivo». «Ojalá sea posible una respuesta conjunta a una preocupación de Estado», confesó en referencia a que «sería deseable alcanzar ese pacto de Estado» con toda la comunidad educativa y las comunidades autónomas.
COTIZACIÓN DE ESTUDIANTES
Por otra parte, la ministra reconoció a los periodistas que el Gobierno ha decidido que los estudiantes de FP y universitarios coticen a la Seguridad Social, porque esa situación generará un “paraguas” cuando realizan sus prácticas, y les hace estar “reconocidos”. Esta cotización, prosiguió, es algo “productivo” para ellos y “para el tejido administrativo”.
Alegría reconoció, no obstante, que la cuestión generó “debate” en la reunión. Por eso, a renglón seguido, matizó que “las comunidades autónomas en 2024 no tendrán que asumir ningún gasto”, para garantizar esa cuestión en los estudiantes en prácticas.
La ministra agregó que espera seguir «en diálogo» con las administraciones autonómicas estas próximas semanas para cerrar detalles antes de que se materialice esa cotización a la Seguridad Social a partir del próximo 1 de enero.
(SERVIMEDIA)
