España sigue conviviendo con una sucesión de investigaciones por presuntos casos de corrupción que afectan a distintos niveles de la clase política. Entre los asuntos que hoy concentran mayor atención se encuentran el CASO KOLDO, la investigación sobre SANTOS CERDÁN, las distintas derivadas relacionadas con JOSÉ LUIS ÁBALOS, el denominado CASO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO y las investigaciones que afectan a personas del entorno del Gobierno.
Sin embargo, más allá de cada procedimiento judicial en concreto, existe una realidad aplastante: la corrupción política sigue siendo uno de los mayores enemigos de la democracia. Cada euro desviado, cada contrato amañado y cada favor concedido al margen de la ley supone DINERO QUE DEJA DE LLEGAR A HOSPITALES, PENSIONES, CARRETERAS, ESCUELAS O SERVICIOS SOCIALES. No es un delito sin víctimas; las víctimas son millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y esperan una administración honesta.
Lo más incomprensible para muchos españoles es que, legislatura tras legislatura, ningún partido político parece dispuesto a impulsar una reforma verdaderamente contundente del Código Penal contra la corrupción política. Todos prometen tolerancia cero cuando están en la oposición, pero cuando gobiernan las reformas nunca llegan. Esa contradicción a podrido la confianza ciudadana y ha evidenciado que el sistema protege a quienes ocupan el poder y a quienes lo quieren ocupar .
España necesita unas medidas serias sobre el endurecimiento de las penas por corrupción, especialmente cuando afecta a cargos públicos con responsabilidad en la gestión de fondos públicos. Esas medidas han de incluir propuestas como el cumplimiento efectivo de las condenas, la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos en los casos más graves, la devolución íntegra del dinero obtenido ilícitamente, el embargo de los bienes del delincuente y la agilización de los procedimientos judiciales.
Hay algunas propuestas que a veces se plantean en el debate público, como imponer la CADENA PERPETUA SIN POSIBILIDAD DE REVISIÓN para los delitos de corrupción. La Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos exigen que las penas respeten el principio de proporcionalidad y que exista la posibilidad de revisión en las condenas de prisión permanente. Por ello, una medida de ese tipo que exige cambios constitucionales debe hacerse sin dilación porque en el caso de no implementarla las penas para los corruptos no son suficientemente disuasorias .
Además, es injustificable que quien mete la mano en “la caja” y traiciona la confianza de millones de ciudadanos pueda aspirar, tras cumplir una pena relativamente limitada, a recuperar el botín obtenido e incluso pueda volver a ocupar posiciones de influencia. La ejemplaridad de las leyes debe ser uno de los principios básicos de un Estado de Derecho.
Mientras la corrupción siga percibiéndose como un riesgo mínimo para quien ostenta poder, continuará existiendo la tentación de utilizar las instituciones para enriquecerse y para sus intereses particulares. La regeneración de esta política podrida no depende únicamente de discursos, sino de leyes más eficaces, mucho más contundentes, controles más independientes y una voluntad real de que quien robe dinero público responda con todo el peso de la ley.
Porque el dinero público no pertenece a ningún partido. Pertenece a los ciudadanos. Y traicionar esa confianza merece una respuesta firme, ejemplar y compatible con los principios constitucionales que sostienen nuestra democracia. Y además esto ya no va de IZQUIERDAS o de DERECHAS , o si lo prefieren , no va de AZULES O ROJOS , va de que se roba directamente mi dinero y el de usted tambien y YA ESTAMOS HARTOS DE PAGAR LA JUERGA DE ESTE MONTON DE GOLFOS
Joan Pau Rica Lopez
