Por Luis Arias
El 15 de mayo de 2011 marcó un punto de inflexión en la historia política reciente de España. Lo que comenzó como una protesta ciudadana contra la crisis económica y la precariedad laboral terminó convirtiéndose en un movimiento social de amplio alcance que cuestionó directamente la legitimidad del sistema político.
El lema “no nos representan” sintetizó una percepción extendida que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en aquellos años posteriores a la crisis financiera, situaba a los partidos políticos y las instituciones democráticas entre las principales preocupaciones ciudadanas, junto al desempleo y la situación económica.
Quince años después, el contexto es muy distinto, pero no necesariamente más estable. La indignación organizada de entonces ha dejado paso a un escenario más complejo: fragmentación política, desconfianza institucional persistente y un malestar social que ya no se concentra en un único eje, sino que se dispersa en múltiples demandas simultáneas.
Informes recientes del Eurobarómetro y del propio CIS apuntan a una tendencia constante en la última década: una recuperación parcial de la confianza institucional tras los años más duros de la crisis, pero sin llegar a niveles de estabilidad previos a 2008. La democracia española sigue siendo valorada, pero con una creciente distancia emocional entre ciudadanía y representación política.
El impacto del 15M no puede entenderse únicamente como una protesta puntual, sino como el inicio de un ciclo político y cultural. Su irrupción coincidió con el colapso del modelo económico previo a la crisis financiera y con una pérdida de confianza generalizada en las élites políticas y económicas.
Diversos estudios de la Fundación Alternativas y del Instituto Elcano han señalado que el 15M actuó como catalizador de un cambio en la cultura política española: mayor exigencia de transparencia, aumento del interés por nuevas formas de participación y un cuestionamiento más profundo de los partidos tradicionales.
En términos institucionales, el ciclo posterior estuvo marcado por la fragmentación del sistema de partidos. La aparición de nuevas formaciones y la ruptura del bipartidismo clásico reflejaron, en parte, la traducción política del malestar social. Sin embargo, esa transformación no resolvió del todo el problema de fondo: la distancia entre ciudadanía y sistema político.
A lo largo de la última década, distintos indicadores han mostrado una evolución desigual. El Banco de España ha advertido en varios informes sobre el impacto persistente de la precariedad laboral y la desigualdad intergeneracional, especialmente entre los jóvenes. Paralelamente, la OCDE ha señalado que España mantiene uno de los niveles más elevados de desigualdad en el acceso a la vivienda en Europa, un factor clave en la percepción de inseguridad económica.
Este contexto ayuda a entender por qué el malestar social no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. Si en 2011 se expresaba en plazas físicas y asambleas, hoy se articula en un entorno digital más fragmentado, donde la conversación pública está mediada por redes sociales y dinámicas algorítmicas.
El resultado es un fenómeno que algunos politólogos describen como “fragmentación del espacio público”: existen más canales de expresión que nunca, pero menos capacidad de generar consensos amplios y estables. La política ya no se organiza en torno a grandes relatos compartidos, sino en torno a múltiples microconflictos que conviven sin llegar a integrarse en un marco común.
En este escenario aparece una cuestión central: la dificultad creciente para construir lo que podría denominarse una voluntad colectiva. Es decir, la capacidad de una sociedad para articular intereses diversos en un horizonte común de interés general.
El 15M fue, en su momento, un intento de producir esa voluntad desde abajo, mediante la agregación de demandas heterogéneas bajo un mismo marco de indignación. Pero su evolución posterior mostró los límites de esa construcción en ausencia de estructuras estables que la sostuvieran en el tiempo.
Hoy el problema es distinto. No se trata solo de canalizar el malestar, sino de recomponer un mínimo espacio de entendimiento compartido en una sociedad más compleja y plural. La polarización política, documentada de forma recurrente en estudios del CIS y en análisis del ámbito académico europeo, dificulta precisamente esa construcción de consensos.
Quince años después, el 15M no es solo un episodio histórico, sino un punto de referencia para entender la transformación de la política española contemporánea. Su legado no se limita a los cambios institucionales que ayudó a impulsar, sino también a una nueva forma de concebir la relación entre ciudadanía y poder político.
Sin embargo, el escenario actual es radicalmente distinto al de 2011. La indignación ha dejado de ser un vector unificador y ha sido sustituida por un malestar más difuso, atravesado por factores económicos, territoriales, generacionales y culturales.
Los datos de distintos organismos —desde el CIS hasta la OCDE— coinciden en una idea: los problemas estructurales siguen presentes, pero la capacidad de articular respuestas colectivas se ha debilitado.
En este contexto, la pregunta que emerge no es únicamente política, sino también social: cómo reconstruir un “nosotros” capaz de sostener una democracia funcional en un entorno de alta fragmentación.
La idea de una nueva voluntad colectiva no remite a una nostalgia del pasado, sino a una necesidad del presente. Sin algún tipo de marco compartido, los conflictos tienden a gestionarse de forma aislada, perdiendo capacidad de transformación real.
El reto de esta etapa no es repetir el 15M, sino aprender de su impulso inicial: la capacidad de convertir el malestar en acción común. En una sociedad más compleja, digitalizada y desigual, esa tarea no es sencilla, pero sí cada vez más necesaria si se quiere mantener viva la promesa democrática de representación del interés general.
Luis Arias
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