Los mayores de 55 años son el grupo con mayor ahorro medio por persona y concentran el 68% de los ahorros en los hogares, en un contexto de cambio demográfico en España marcado por el envejecimiento de la población y cada vez con menos jóvenes que a su vez son más dependientes económicamente de sus familiares y el Estado.
Además, los españoles de entre 30 y 54 años son el motor productivo, ya que financian una buena parte del consumo público y de las prestaciones sociales, según el informe ‘Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género’, promovido por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios, indicó durante la presentación del estudio que “los mayores de 55 años no son únicamente perceptores de prestaciones, sino un colectivo con un enorme peso económico: son ahorradores, consumidores activos, sostienen redes familiares mediante transferencias intergeneracionales y constituyen un pilar fundamental de estabilidad financiera y patrimonial”. Por eso, comprender su comportamiento económico “es clave para diseñar políticas públicas y estrategias empresariales adaptadas a esta nueva realidad demográfica”.
Para el director ejecutivo de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, quien ha destacado que el análisis «ofrece una radiografía mucho más completa y detallada de cómo se generan, redistribuyen y utilizan los recursos en España”.
Así, los recursos totales de los hogares sumaron 1,53 billones de euros, una cifra equivalente al 111% del PIB. De media, cada persona gestionó 32.391 euros al año procedentes del trabajo, el capital, las prestaciones públicas y el uso de servicios públicos.
RECURSOS DE LOS HOGARES
Casi dos tercios de los recursos de los hogares proceden de las rentas del trabajo (959.001 millones) y el resto, algo más de un tercio, llega a través de prestaciones públicas, ya sean monetarias o en especie. Del total, el 44% se destina al consumo privado, el 23% al consumo público —sobre todo sanidad y educación—, el 26% al pago de impuestos y cotizaciones, y el 7% se convierte en ahorro.
El informe cuantifica el saldo fiscal medio por edad y género, es decir, la diferencia entre lo que una persona aporta en impuestos y cotizaciones y lo que recibe a través de prestaciones y servicios públicos.
Durante la infancia y juventud (hasta los 29 años), los ingresos laborales son reducidos y el consumo se financia principalmente mediante transferencias privadas entre familiares y gasto público, especialmente en educación y sanidad. Este grupo concentra solamente el 21,6% de los recursos del total de la población (330.983 millones de euros). Se trata, por tanto, de una etapa de dependencia económica financiada por las familias y por el Estado.
Entre los 30 y los 54 años se concentran la mayor parte de los trabajadores, siendo el tramo con mayor capacidad de generación de ingresos y de aportación al sistema. Este grupo moviliza un total de 606.852 millones de euros en recursos, concentra la mayor parte de las rentas del trabajo y paga más de la mitad del total recaudado en impuestos y cotizaciones sociales de la población. Es, por tanto, el principal contribuyente neto y el pilar financiero del sistema de bienestar, financiando buena parte del gasto público destinado a jóvenes y mayores.
CAMBIO DE PATRÓN
A partir de los 55 años, el patrón cambia de forma significativa. Este grupo, que ya sumaba en 2022 16,1 millones de personas —el 34% de la población y genera el 32,8% del PIB—, concentra 592.719 millones de euros en recursos, incluyendo rentas de mercado y prestaciones. Los seniors reciben 183.070 millones de euros en prestaciones públicas monetarias, fundamentalmente pensiones, aportan 138.173 millones en impuestos y cotizaciones (lo que representa el 34,5% del total) y, además, concentran el 68% del ahorro total de los hogares (73.578 millones). Todo ello refleja su importancia financiera y patrimonial y pone de manifiesto el funcionamiento del Estado del bienestar como un sistema de transferencias intergeneracionales que redistribuye recursos a lo largo del ciclo vital.
Más allá del sector público, el estudio cuantifica las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar. Estas alcanzan 130.000 millones de euros anuales y fluyen fundamentalmente desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral. De ese total, 103.000 millones proceden del grupo de 30 a 54 años y cerca de 27.000 millones del colectivo de 55 o más, cifras que ponen de relieve el papel clave de la familia como mecanismo de redistribución intergeneracional complementario al Estado del bienestar.
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