Alrededor de unas 30 personas entran en la antigua sede de Málaga Acoge adquirido por el fondo de inversión israelí White Málaga.
Un grupo de activistas por la vivienda en Málaga han ocupado un edificio en la calle Ollerías, 15, que fue adjudicado por la Junta de Andalucía a un fondo de inversión israelí, White Málaga, para convertirlo en apartamentos turísticos. Los activistas, liderados por la plataforma «Un Techo por Derecho», exigen que la Junta de Andalucía se siente a dialogar sobre la crisis de vivienda en la ciudad y ofrezca alternativas habitacionales a las personas en situación de vulnerabilidad.
La ocupación del edificio, que era sede de Málaga Acoge, comenzó el viernes y cuenta con el apoyo de varios colectivos y partidos políticos. Los activistas denuncian que la venta del edificio a un fondo de inversión extranjero es un ejemplo de especulación y turistificación, y que la Junta de Andalucía no está haciendo nada para abordar la crisis de vivienda en la ciudad.
Finalmente los activistas fueron desalojados de forma pacífica el domingo por la tarde aunque una de las portavoces de «Un techo por derecho» afirmaba tras el desalojo que la salida del edificio se ha producido “tras la orden judicial recibida y un despliegue multitudinario de los cuerpos y fuerzas de seguridad”. Consideran que «lo ocurrido en el edificio de Calle Ollerías 15 no es solo un desalojo, sino una muestra clara de la realidad que vive hoy la ciudad de Málaga» y que la acción ha sido «un éxito» ya que ha puesto «el conflicto más en el centro de la ciudad» y ha permitido visibilizar el problema.
Los fondos de especulación inmobiliaria están muy activos en Málaga, comprando edificios y viviendas para alquilarlos a precios elevados, especialmente en zonas turísticas. Esto está generando un problema de acceso a la vivienda para los residentes locales, ya que los precios suben y se reducen las opciones asequibles.
En Málaga, los fondos de inversión han pasado de no tener presencia en el mercado promotor inmobiliario antes de 2014 a tener el 25% de las viviendas comercializadas en 2019 y el 49% a finales de 2021. Esto ha llevado a una mayor concentración de la propiedad en manos de grandes empresas, lo que puede limitar las opciones para los compradores locales [5]
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