Los colectivos impulsores de la acción, encabezados por Un Techo por Derecho y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga, y varias asociaciones vecinales, denuncian que estos argumentos carecen de fundamento y responden a una estrategia de hostigamiento institucional frente a una protesta que ha logrado visibilizar la emergencia habitacional que vive la ciudad.
La acción comenzó días atrás como un encierro pacífico para denunciar la venta de este edificio público a un fondo privado con la intención de destinarlo a apartamentos turísticos. Desde entonces, los activistas reclaman la recuperación del inmueble para uso social y la apertura de un diálogo con la administración autonómica. Sin embargo, lejos de producirse ese acercamiento, la respuesta institucional ha sido, según los colectivos, el endurecimiento de las medidas de presión.
Desde el sábado por la mañana, la Junta de Andalucía ordenó impedir la entrada de agua y alimentos a las personas que permanecen en el interior del edificio. Una decisión que las organizaciones califican de “cruel” y desproporcionada, especialmente teniendo en cuenta que la ocupación se enmarca en una protesta por el derecho a la vivienda y no ha registrado incidentes ni daños estructurales conocidos.
La Junta sostiene que el edificio no reúne las condiciones de seguridad necesarias para ser habitado, argumento que justifica el inicio del procedimiento de desalojo. No obstante, desde Un Techo Por Derecho aseguran que estos informes técnicos aparecen únicamente cuando la presión social aumenta y ponen en duda su imparcialidad. “Han tenido que inventarse que el edificio no es seguro para poder desalojar. Para la Junta parece más importante proteger los pisos turísticos que garantizar un techo a quien lo necesita”, afirman desde el colectivo.
El conflicto ha reabierto el debate sobre el modelo de ciudad que se está consolidando en Málaga.
Los activistas denuncian que la venta de patrimonio público y su transformación en alojamientos turísticos se produce mientras continúan los desahucios diarios de familias con menores, muchas de ellas sin alternativa habitacional. También señalan la falta de respuesta efectiva del Instituto Municipal de la Vivienda, que, según los colectivos, no ofrece soluciones reales a los casos de emergencia.
Desde la administración autonómica, por su parte, se insiste en que las actuaciones responden exclusivamente a criterios técnicos y legales, y que la ocupación de un edificio público no puede mantenerse al margen de la normativa vigente. No obstante, hasta el momento no se ha anunciado ninguna reunión con los colectivos para abordar el fondo del conflicto: la escasez de vivienda pública y el impacto de la especulación inmobiliaria.
Para los activistas, la ocupación de Ollerías 15 ya ha cumplido uno de sus principales objetivos: situar en el centro del debate público la contradicción entre la gestión institucional y la realidad social.
Los colectivos aseguran que mantendrán la movilización y la presión social, convencidos de que solo a través de la organización vecinal será posible frenar un modelo urbano que, denuncian, «prioriza el beneficio privado sobre los derechos básicos de la población».
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