El 82% de las transferencias recibidas por el conjunto de las universidades públicas presenciales proviene de las administraciones autonómicas. Según datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) relativos a 2022, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en financiación en los campus públicos.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en vigor desde abril de 2023, advierte en su preámbulo sobre la insuficiente financiación pública de las universidades españolas y plantea alcanzar un mínimo del 1% del PIB.
Un objetivo que, según los expertos, no garantiza por si mismo un mayor nivel en la calidad educativa. Según Montse Álvarez, del gabinete técnico de la Fundación CYD, una adecuada financiación es «condición necesaria pero no suficiente» para tener mejor calidad educativa. «El reto fundamental en la financiación de la educación universitaria en España no radica únicamente en el hecho de que los niveles de inversión sean bajos comparados con la media de la UE o la OCDE. La clave está en orientar la inversión pública hacia objetivos estratégicos que impulsen la calidad, la eficiencia y la relevancia del sistema universitario», explicó a Servimedia.
Álvarez sostiene que «sólo al establecer prioridades claras y diseñar un modelo de financiación que se base en la excelencia académica, la colaboración con el sector privado y la capacidad de respuesta a las demandas de una economía basada en el conocimiento, se podrá maximizar el impacto de un aumento significativo de la inversión».
Por tanto, «el incremento de la inversión debe ir acompañado de una transformación del modelo de financiación», que esté centrado en el «uso estratégico de los recursos» y en la «rendición de cuentas en base a resultados». «Este modelo debe ser un proceso continuo que incluya la evaluación de proyectos con objetivos estratégicos claros y revisiones periódicas», reclamó la técnica.
La Fundación CYD analiza en su informe sobre el sistema universitario español las transferencias corrientes y de capital procedentes de las autonomías por alumno y los precios públicos por alumnos en cada región.
Así, en el curso 2022-2023 las mayores transferencias corrientes y de capital por alumno recibidas de su administración autonómica las registraron las universidades públicas de La Rioja (9.689 euros), Navarra (9.210 euros) y el País Vasco (9.065 euros). Mientras que Murcia (6.267 euros), Cataluña (5.599 euros) y Madrid (5.362 euros) presentaron los índices más bajos. En porcentaje del PIB per cápita, teniendo en cuenta el nivel de riqueza de la región, Madrid (13,9%) y Cataluña (17,2%), mostraron, de manera clara, los valores más reducidos, frente a los máximos del 34,1% de la Comunidad Valenciana, el 33,4% de Extremadura y el 32,8% de La Rioja. Es decir, en La Rioja casi es el doble de lo que se destina en Madrid, con 4.327 euros de diferencia.
Por otro lado, las recaudaciones más elevadas por precios públicos por alumno las registraron las universidades públicas de Madrid (1.620 euros), Cataluña (1.508 euros) y Aragón (1.302 euros); mientras que las menores se dieron en Andalucía (815 euros), Canarias (776 euros) y Galicia (738 euros). En porcentaje del PIB per cápita, los valores oscilan entre menos del 3% de Galicia y el País Vasco, y más del 4,5% de Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Cataluña.
INFRAFINANCIACIÓN ESTRUCTURAL
Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Jorge Sainz, la aplicación de la LOSU «ha agravado» la financiación universitaria, un debate que considera que «es de fondo y trasciende la coyuntura actual».
«España arrastra desde hace décadas una infrafinanciación estructural y un modelo que no premia la eficiencia ni vincula los recursos a resultados. El problema no es solo cuánto se financia, sino cómo: con criterios poco transparentes y sin estabilidad a medio plazo», indicó a Servimedia quien fue secretario General de Universidades desde el 2015 al 2018 siendo ministro de Educación con el Partido Popular Íñigo Méndez de Vigo.
En su opinión, la nueva Ley de Universidades impulsada bajo mandato de Pedro Sánchez, «al obligar a transformar gran parte del profesorado temporal en personal permanente, ha incrementado notablemente los costes estructurales de las universidades sin que el Estado haya previsto financiación adicional». En la práctica, dijo, «el Ministerio ha impuesto una obligación legal que deben pagar las comunidades autónomas, generando una brecha entre la normativa y la capacidad real de financiación».
Según este catedrático, que trabajó en la Secretaría General de Universidades en el Ministerio de Educación del gobierno del PP, apuntó que ese «desfase» ha «tensionado» las cuentas autonómicas, «como se ve en el caso de Madrid, y ha llevado el sistema a un punto de fricción permanente». «Legisla el Ministerio, pero financian las comunidades. Sin una reforma integral que garantice estabilidad, transparencia y rendición de cuentas, el riesgo es que el sistema universitario español siga siendo uno de los menos previsibles y más desiguales de Europa», aseveró.
COMUNIDAD DE MADRID
Sainz concretó que con la Comunidad de Madrid, «la tensión con el Ministerio refleja precisamente esa ambigüedad». Para el catedrático, «el llamado ‘rescate’ no puede entenderse sin abordar primero la reforma del sistema de financiación y de gobernanza universitaria» y que «sin un marco claro, cada comunidad asume compromisos de gasto con márgenes muy distintos, lo que genera desigualdades y reproches cruzados».
El experto explicó a Servimedia que algunas comunidades autónomas están dando «pasos» para corregir ese «desequilibrio» y puso el ejemplo de Andalucía, que «tramita actualmente una nueva ley universitaria que avanza hacia un modelo de financiación más previsible y basado en resultados, vinculando los recursos a objetivos verificables y al impacto social de las universidades».
«Por su parte, Murcia o Madrid también parecen orientarse en esa dirección, buscando asociar la financiación a una gestión más transparente y a una rentabilidad social medible, con criterios claros, objetivos y fáciles de evaluar», zanjó.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que capitanea Diana Morant, ha denunciado que «Madrid ha aplicado durante los últimos años una política de asfixia financiera a las universidades públicas y ahora ofrece un rescate condicionado a recortes de gastos y cumplimiento de objetivos».
