Por Eduardo Madroñal Pedraza
“Cuando tus dictadores son los que tenemos por delante en el ámbito internacional, es cuando te das cuenta de que es prioritario la redistribución de riqueza y promover una buena vida para el máximo número de personas.” Juan Antonio Corbalán, exjugador de baloncesto y médico.
Según un reciente estudio de Eurofund, España es el segundo país más desigual de la UE, solo por detrás de Alemania. El 50% solo posee el 6% de la riqueza. Mientras que el 5% más rico acumula el 43%, ¡siete veces más que la mitad de la población! Mientras tres millones de trabajadores son pobres a pesar de cobrar una nómina, el salario de los directivos de los principales bancos y oligopolios es de ¡7,7 millones de euros al año!
Un 60% de la población, aun sin ser pobre ni estar en peligro de caer en la pobreza, ha visto recortado su poder adquisitivo, su bienestar, a golpe del aumento del precio de servicios y productos básicos, muy por encima del de los salarios. Mientras que bancos, oligopolios y capital extranjero alcanzan cada año un nuevo récord de ganancias.
España lidera el crecimiento económico, pero casi un 20% de la población, 12,5 millones, viven con ingresos por debajo del umbral de la pobreza relativa. Mientras que en el último año la riqueza de los milmillonarios creció un 20%, acumulando 185.000 millones de euros más.
Sí hay riqueza, el problema es quién se la queda
Somos un país más rico que en 2019. El PIB de España es 340.000 millones de euros mayor que hace cinco años. Pero no todos nos hemos beneficiado de ese crecimiento económico. El salario real de los trabajadores es un 2,5% menor que en 2029. Pero los beneficios de los bancos y oligopolios del Ibex-35 son un 233% mayores.
Los fondos estadounidenses BlackRock, Vanguard y Capital Group dominan el Ibex 35. Son 69.779,48 millones de euros, un tercio de su valor total, BlackRock con 32.395 millones, Vanguard con 22.989 millones, y Capital Group con 14.393 millones.
Ya sabemos quién se la queda.
Hay que redistribuir la riqueza
España es un país rico. Tenemos recursos más que suficientes para cubrir las necesidades del país y de la población. Los números son tajantes. Una ínfima minoría monopoliza una parte cada vez mayor de la riqueza nacional, que todos producimos con nuestro trabajo.
Ante la evidencia de una mayor desigualdad, la alternativa también está clara: hay que redistribuir la riqueza. Recortar por arriba, es decir, reducir los abusivos beneficios de unos pocos, conseguidos a costa de todos, para poder satisfacer los intereses de la mayoría.
Ejecutar nuevos recortes es una decisión política, que busca imponer un gigantesco trasvase de riqueza desde los bolsillos de la mayoría a la cuenta de resultados de unos pocos. Pero no es el único camino. En España, hay mucho dinero. Redistribuir la riqueza es una alternativa real, factible. Aplicarla solo requiere voluntad política. Y ya está en el centro del debate político.
Una parte importante de expertos, economistas, cargos públicos, además de sindicalistas y luchadores sociales, se refieren permanentemente a la redistribución de la riqueza, no solo teóricamente sino sobre todo como una alternativa práctica. Y las encuestas nos dicen que en España una mayoría superior al 70% apoya medidas para redistribuir la riqueza, por ejemplo, que los más ricos paguen más impuestos.
Medidas para redistribuir la riqueza
En España apenas 285 bancos y oligopolios -un exiguo 0,017% del total de empresas- facturan más de un millón de euros. Si lo comparamos con 2019 sus beneficios han aumentado ¡un 233%! Deberían pagar en impuestos entre un 25% y un 30% de sus enormes ganancias, pero solo abonan un 5,86%, hasta cuatro veces menos, proporcionalmente, que las pequeñas y medianas empresas.
Si esta hiper élite financiera y monopolista pagara un impuesto del 50% de sus beneficios, dispondríamos de 46.000 millones extra cada año. Que podríamos destinar a mejorar las pensiones, la sanidad y la educación públicas.
En España la deuda pública supone el 101% del PIB, más de 1,6 billones de euros. El año pasado pagamos en intereses 39.000 millones. Un nuevo récord. Se lo llevaron los grandes fondos y bancos que son propietarios mayoritarios de la deuda pública.
Si se decreta una moratoria en el pago de intereses durante los próximos cuatro años -algo habitual entre empresas, y Estados- tendríamos un fondo de 160.000 millones. Para impulsar una empresa pública que dé una solución real al problema de la vivienda.
Son medidas posibles. Aplicarlas requiere sólo voluntad política.
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