La futura norma, que tiene como objetivo principal facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, inicia su tramitación parlamentaria
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los andaluces. Para alcanzar este objetivo, la futura ley promoverá la construcción de viviendas a precio asequible, tanto en venta como en alquiler.
El Proyecto de Ley, que se ha sometido previamente a un importante proceso de diálogo y participación con el sector y con agentes sociales y económicos, incorpora buena parte de las medidas urgentes en materia de vivienda adelantadas con la aprobación, en el mes de febrero, del Decreto ley 1/2025, que ponía el foco principalmente en poner todo el suelo urbanizable disponible para la construcción de viviendas protegidas.
Así, el Proyecto de Ley recoge un abanico de iniciativas para el incremento de la oferta de vivienda a precio asequible. Además de las líneas del decreto-ley, se creará la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. Asimismo, se apostará por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones…) con ese mismo objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.
La futura Ley de Vivienda de Andalucía buscará el equilibrio de la oferta en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Asimismo, el Proyecto de Ley pretende optimizar la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas, ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos o de los promotores privados.
También se apuesta por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas. Del mismo modo, pondrá el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.
El Proyecto de Ley también tendrá un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables. En esa línea, se contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal. La futura norma establece, de hecho, mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación, dentro del marco de sus competencias.
Estas son algunas de las líneas de un Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que ya había tenido un primer avance en febrero. La futura norma incorporará varias de las medidas urgentes del decreto ley ya en vigor, salvo aquellas que son de carácter temporal (cinco años), como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas.
El Decreto ley afronta la falta de suelo disponible para vivienda protegida con acciones como permitir que solares con uso dotacional privado o edificios para alojamiento turístico u oficinas se puedan destinar a viviendas protegidas, o la creación de una bolsa de suelo para vivienda, que se diseña en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a precio asequible.
Por último, la futura Ley de Vivienda de Andalucía contribuirá a la simplificación administrativa y a resolver la dispersión normativa existente, ya que deroga cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018. De igual manera, ha sido objeto de debate en la Mesa del Diálogo Social en materia de vivienda, en cumplimiento de las Medidas sociales y económicas para el impulso de Andalucía recogidas en el Pacto Social y Económico de marzo de 2023.
Fuente: Junta de Andalucía
