El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha remitido una solicitud a la vicepresidenta primera del Gobierno, la andaluza María Jesús Montero, para que medie ante el Gobierno ante la indefensión con la que los periodistas andaluces ejercerán la profesión si sale adelante, en los actuales términos, el ‘Anteproyecto de ley orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación’.
Si bien el colectivo profesional andaluz está de acuerdo en que es una necesidad regular este derecho fundamental, también lo es hacerlo con todas las garantías y aportando seguridad jurídica para quienes ejercen la profesión, algo que no ocurrirá si el documento sale adelante tal y como está redactado.
El CPPA recuerda la ley andaluza que reconoce la titulación en periodismo
El Colegio de Periodistas recuerda a la hoy vicepresidenta del Gobierno Central que siendo ella consejera en el Gobierno andaluz el parlamento de Andalucía aprobó, con la unanimidad de todos los grupos políticos, la Ley 1/2012 de 30 de enero. Textualmente, esta norma, dice: “la protección del correcto ejercicio profesional del informador que garantice el ejercicio digno de la profesión frente a la ciudadanía a fin de que no se vean lesionados los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen, hace necesaria la creación de una corporación de derecho público como órgano que garantice la defensa de los intereses de los profesionales, su representación y el correcto ejercicio de la profesión, a la que puedan adscribirse los profesionales que disponiendo de los conocimientos y titulaciones oportunas ejerzan la profesión periodística”.
En virtud de esa norma se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, al que se encomienda la representación de los intereses generales de la profesión en el ámbito de la comunidad autónoma. Por eso, el colegio andaluz pide a Montero que medie para permitir que quienes representan a los periodistas andaluces puedan explicar que esta ley sobre el secreto profesional, tal y como está redactada en la actualidad, no sólo no protege a los periodistas en su trabajo, sino que los expone ante la inseguridad jurídica, la indefinición y la arbitrariedad de quienes tengan luego que interpretar la norma.
El colegio andaluz pide explícitamente a la vicepresidenta Montero su implicación, dado que conoce de primera mano la trayectoria del CPPA y es consciente de que la experiencia andaluza marcó un hito en el marco legal del derecho a la información, la profesionalización y la colegiación del periodismo en España. Un avance y un marco legal que, por otra parte, no se ha tenido en cuenta en la redacción de este anteproyecto de ley orgánica, una demostración legal de que el documento merece una revisión completa.
En la misma línea, se han dirigido al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, a fin de trasladar la preocupación de los periodistas andaluces.
Cabe resaltar que, en esta búsqueda de apoyos a nivel autonómico, el colegio de periodistas ha encontrado respaldo en las Facultades de Comunicación de Málaga y Sevilla, así como en varias asociaciones de la prensa andaluzas, casos de Málaga, Cádiz y Jerez que se han expresado públicamente.
Reclamo andaluz para restituir una anomalía democrática de los periodistas
La petición se produce tras confirmar el propio Ejecutivo que el texto ha iniciado su trámite, sin contar en ningún momento con los Colegios Profesionales de Periodistas, corporaciones de derecho público con funciones legalmente reconocidas en la ordenación y vigilancia del ejercicio profesional, entre ellas, velar por el secreto profesional. Además, el anteproyecto no incluye ni la titulación universitaria específica en Periodismo ni el papel regulador y deontológico de estas instituciones, entre otros.
La organización andaluza considera que la exclusión de estos requisitos supone un grave retroceso y deja sin representación a los profesionales cualificados en una norma que, paradójicamente, busca proteger la práctica periodística. “No tener en cuenta estos criterios implica desconocer la realidad en la que se ejerce el periodismo hoy en día, cuando más falta hace disponer de mecanismos que protejan a quienes se dedican profesionalmente a garantizar el derecho a la información de la ciudadanía”, señala la decana del CPPA, Lorena Mejías.
Discriminación colegial frente a otros sectores con corporaciones nacionales
En la misiva remitida al Gobierno, el CPPA también insiste en la urgencia de avanzar en la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas de España, una herramienta reclamada por los colegios de periodistas de España desde hace años y que permitiría dar voz estatal a los intereses profesionales a través de estructuras representativas legalmente reconocidas y que, a día de hoy, no existen. Esta anomalía contrasta con la normalidad colegial de otros sectores profesionales, que sí cuentan con esta entidad a nivel nacional, como son la ambientología, la educación social, la abogacía, la psicología, las ingenierías, la arquitectura, el trabajo social, la biología, los economistas, entre otros.
