El Patriarcado es un sistema social basado en la sobrevaloración del varón en detrimento de la mujer, mantenido por la presión ejercida en connivencia entre el Estado y la Iglesia a través de instituciones indiscutibles e indiscutidas como son el derecho, el matrimonio, la familia y la educación androcéntrica. Se define como un sistema de dominación masculina que oprime y subordina a la mujer.
Todos los intentos históricos concebidos para proteger o liberar a la mujer de los peligros ambientales, en especial de la prostitución, se han basado sin excepción en su reclusión y aislamiento para evitar que su maldad potencial intrínseca pudiera extenderse porque en ningún caso, en una interpretación ginope, se consideró al varón causante o culpable de ninguna de las causas de vulneración social de la mujer.
Fuera del matrimonio y la familia se toleraron las mancebías como aceptación de las relaciones entre un hombre y una o varias mujeres (nunca al revés) hasta que en 1623 Felipe IV instigado por los jesuitas ordenó el cierre de todos los prostíbulos dado que los pecados que en ellos se cometían eran asimilados a delitos.
Pero ello no significó la abolición de la prostitución que doscientos años más tarde vemos regulada de nuevo, avivada en este caso por la polémica médico-sanitaria desatada como con secuencia de sus secuelas. La disyuntiva regulación-abolición se inclina por la tolerancia como un mal menor, dada la imposibilidad de reprimir la apetencia sexual del varón al que no obstante se le exime de toda culpa en la propagación de las enfermedades venéreas.
Las primeras instituciones que se encargan de paliar estos estragos sociales son las Casas de Recogidas que encierran a las mujeres caídas y descarriadas, para proteger el honor de padres y esposos, y que se parecían a instituciones carcelarias por su carácter correccional. A cárceles sin ambages se enviaba a las mujeres incorregibles, a Galeras o cárceles para mujeres, aunque en definitiva eran indistinguibles en su trato de los hospicios y orfelinatos, de las cárceles propiamente dichas. Todas estas instituciones estaban atendidas por personal religioso de la Iglesia católica cuya presencia es inseparable de estas prácticas.
A principios del siglo XIX se crea en España el “Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas”, primer organismo oficial destinado a combatir la prostitución siguiendo el movimiento europeo desatado por la británica Josephine Butler, partidario, en última instancia, del abolicionismo y que contó con el decidido apoyo de las feministas españolas, Clara Campoamor, Elisa Soriano, María Lejárraga, Luis Jiménez de Asúa, Margarita Nelken e Hildegart Rodriguez, que criticaron abiertamente su excesiva orientación católica.
Con la II República la mujer pasa a ser una ciudadana de pleno derecho, al abolirse las diferencias legales por la riqueza, la clase social, el sexo o la religión, legislándose el derecho al voto, a la educación mixta, a la protección de la maternidad, al divorcio y al aborto. Disuelto el Patronato de trata de blancas, se crea un Patronato de Protección de la Mujer con ideas de vigilancia y tutela de las mujeres que se desenvolvieran en medios nocivos y peligrosos, que a su vez es disuelto previamente a que en 1935 el gobierno apruebe el decreto que pone fin a la reglamentación de la prostitución con un enfoque más humano basado en la igualdad entre sexos y no en la culpabilización, desarrollando las bases de la lucha antivenérea y la cultura sanitaria, eliminando los registros de prostitutas.
La II República le proporciona por tanto a la mujer un estatus de ciudadana y una equiparación con los hombres, que les permite superar la situación de Patriarcado alcanzando un ajuste social moderno y un futuro prometedor.
El Patriarcado fue restaurado totalmente a la entrada en acción de los golpistas antigubernamentales, sublevados contra el gobierno legítimo, en Julio de 1936, que no tardaron, ni dudaron un momento, en reemprender la lucha contra la mujer. En fecha tan temprana como septiembre de 1936 se prohibió la enseñanza mixta y poco después, en marzo de 1938 se anularon todos los matrimonios civiles de los años anteriores y por fin en 1939 se anuló la ley del divorcio, y poco después el aborto. El Fuero del Trabajo devolvió a las mujeres a sus casas “liberándolas” de la fábrica y sometiéndolas al yugo doméstico.
Todas estas disposiciones convirtieron a muchas mujeres en delincuentes de la noche a la mañana, perseguidas, abandonadas y desahuciadas. Sin trabajo, sin tutelas familiares, viudas o sin maridos (muertos o encarcelados) y con hijos a su cargo. Y para “recoger” a tanta descarriada se crea, en 1941, como complemento de las cárceles, “El Patronato de Protección a la Mujer”, para dignificarla y reeducarla con arreglo a la religión católica, pero no para luchar contra las causas de esta plaga de inmoralidad de la que se culpabiliza en exclusiva a las mismas mujeres, pues ningún putero o proxeneta es molestado, ni, así mismo, la miseria, la represión, la tortura y los fusilamientos fueron tenidos en cuenta.
A este patronato, de extensión nacional, llegaban todas las mujeres que eran remitidas por los Tribunales de Menores, preferentemente entre los 16 y los 21 años, o detenidas en la calle por la policía por cualquiera de los muchos motivos que autorizaban a ello, como ir de la mano con un chico, llevar la falda corta, marcar escote, bailar agarrados o besarse, etc., o bien las que eran entregadas por sus familias que evitaban así su convivencia por su díscolo comportamiento, o a la labor “altruista” de las muchas organizaciones católicas y religiosas que se prestaban a ello con el visto bueno de la Iglesia y del Vaticano.
El Patronato tenía su propia red de celadoras y asistentes sociales que enjuiciaban in situ las situaciones públicas dudosas, y contaba con centros de ordenación y clasificación de educandas en los que lo primero que se hacía era el examen ginecológico que determinaba actuaciones posteriores. Una vez ingresadas el régimen de vida era carcelario y humillante, estaba censurada la correspondencia y no podían llamar por teléfono ni comunicarse con compañeras, siendo sometidas a un duro adoctrinamiento religioso con cuartos de aislamiento y celdas de castigo para las indóciles. Corrientes fueron las torturas y todo tipo de tratamientos vejatorios.
Así mismo contaba con sus propias maternidades en cuyo seno se desató la más amplia red de robos de bebés conocida en el país con la colaboración de monjas, personal sanitario, autoridades eclesiásticas y civiles y el silencio cómplice de la población. En ocasiones se las enseñaba en talleres al efecto, costura, elaboración de dulces, etc., por el que no cobraban pero que producían ganancias a la institución en clara competencia desleal con los establecimientos dedicados del ramo.
Por increíble que parezca este Patronato continuó funcionando tras la desaparición de la dictadura hasta 1985, en el que la muerte de una reclusa en un intento de fuga propició una inspección judicial que puso al descubierto las condiciones infames de salubridad obligando a su vez a revisar las condiciones legales de los establecimientos terminando con su increíble invisibilidad pese a que por él habían debido de pasar miles y miles de mujeres, caídas o en peligro de caer, para proteger la moral del régimen franquista en una connivencia perfecta entre el estado y la Iglesia.
Jesús Lobillo Ríos
Presidente del Ateneo Libre de Benalmádena
Bibliografía.-
Iglesias Aparicio P.-“Políticas de represión y punición de las mujeres” Círculo Rojo, 2021
Gómez Arcos A.-“María República”. Cabaret Volter 2014
Ramos Palomo y cols.- “Control social, represión y otras violencias sobre las mujeres en las
Dictaduras Ibéricas (1933-1975). Dykinson 2024.
Lafuente I.-“Clara Victoria”. Editorial Planeta 2023.
