Los resultados del Índice DEC en 2024 siguen manifestando el escaso desarrollo y evolución de los servicios sociales domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia) o complementarios del domicilio (Centros de Día), lo que requiere un importante compromiso económico para avanzar en los objetivos de desinstitucionalización.
El Índice DEC 2024 describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012. Confirma que el Sistema está ampliamente consolidado, ya que todas las Comunidades tienen Ley que reconoce derechos subjetivos, 14 tienen un Catálogo de Servicios que desarrolla y concreta estos derechos, 15 tienen integrada la Atención a la Dependencia en sus servicios sociales y 10 Comunidades tienen una planificación estratégica vigente.
Escaso desarrollo de los Servicios Sociales domiciliarios
Aunque la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios mejoran respecto al año anterior (9 de 14), resulta preocupante el escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización promovida por el Ministerio:
La cobertura del servicio de Ayuda a Domicilio apenas ha variado un punto desde el año 2010, del 4,7% al 5,7% de personas mayores de 65 años. Su intensidad es también muy baja, con una media de 21,1 horas mensuales, sólo 4,2 más que en 2010.
Si atendemos sólo a la Ayuda a Domicilio como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia, su intensidad media es de 35,65 horas/mes: 17,4 horas para los dependientes Grado I, 39,8 para los Grado II y 60,2 para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente ya que, según considera la propia Ley, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria.
El panorama de los otros dos servicios no es menos preocupante:
La cobertura de Centros de Día muestra una escasa o nula evolución desde 2010, aunque en el último año muestra un repunte por primera vez, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10, a pesar de lo cual sigue siendo un servicio de cobertura muy limitada.
La Teleasistencia es el único servicio que muestra una cierta evolución en estos 13 años, 3 puntos en su cobertura, hasta situarse en el 11,1% de las personas mayores de 65 años. Sin embargo, el Plan de Choque para la dependencia marcó como objetivo establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio. Pues bien, en el año 2024 sigue quedando 709.234 personas para alcanzar la cobertura del 100%.
Por su parte, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que contempla el Catálogo de la Dependencia, la percibe el 41,9% de las personas beneficiarias, con un importe medio mensual de 264,11 euros. Una cuantía insuficiente para que los y las familiares asuman el cuidado en casa de personas que necesitan apoyos continuados para todas las actividades básicas de su vida diaria.
Aumenta el gasto en Servicios Sociales, pero disminuye su porcentaje sobre el PIB
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En materia de relevancia económica de los servicios sociales públicos, este es el panorama en 2023, último año con datos oficiales del presupuesto liquidado:
Desde 2014 se incrementa el gasto que realizan las Administraciones Públicas en servicios sociales. En 2023 este incremento fue de 36,1 € respecto al año anterior (+ 7,05%). El porcentaje del presupuesto que destinan a servicios sociales, se mantiene igual (10,2%). Por su parte, el porcentaje del PIB que supone este gasto se reduce por tercer año consecutivo, y se sitúa en 1,76%, tras alcanzar su máximo nivel en 202, cuando representaba el 1,88%,
La participación de las Comunidades en la financiación del Sistema ha aumentado 4,84 puntos en los dos últimos años, pero la tendencia desde 2012 es decreciente: ese año era 85,3%, y en 2023 11,07 puntos menos (74,25%). El incremento de los dos últimos años puede ser debido al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en Dependencia (600 millones más cada año) que repercute en el presupuesto de las Comunidades. Habrá que constatar si en 2024 se mantiene el incremento de la financiación autonómica, una vez que no existe este incremento de financiación estatal a la dependencia.
Grandes diferentes entre comunidades
Año tras año se ponen de manifiesto las grandes diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia
Sin considerar las Comunidades con régimen foral, como País Vasco, con 1.203 € de gasto por habitante en servicios sociales, encontramos diferencias tan importantes como Extremadura, con 713,7 €, un 76,1% más que en Madrid, con 405,3 €. El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas de Extremadura destinan a Servicios Sociales (3,03%), triplica el que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid (0,95%).
Estas diferencias de gasto se manifiestan en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual en los diferentes territorios; estos son algunos ejemplos:
- El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494).
- El porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (58,1%) no es comparable al de Castilla-La Mancha (0,35%).
- El porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León (11,8%) que en Murcia (3,8%).
- Andalucía, con 21,2 servicios de ayuda a domicilio por cada 100 personas mayores de 75 años, ofrece una cobertura 24 veces mayor que Extremadura (0,9%).
- La cobertura del servicio de teleasistencia es del 34,5% sobre personas mayores de 75 años en Andalucía, es 6,6 veces más que en Canarias (5,2%).
