El sindicato Docentes por la Pública ha denunciado públicamente el grave perjuicio causado al alumnado y al profesorado andaluz tras la realización del examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2025.
En pocas horas, más de 14.600 personas han firmado una petición solicitando la impugnación del examen, reflejo de la dimensión autonómica del problema y del rechazo generalizado entre estudiantes, familias y docentes en todas las provincias andaluzas. La situación vivida en los institutos tras la prueba ha estado marcada por escenas de frustración, angustia e impotencia.
Desde el sindicato se advierte que el alumnado, tras dos años de esfuerzo sostenido y con expedientes académicos excelentes, se ha enfrentado a una prueba completamente desajustada respecto a los contenidos impartidos y los criterios de evaluación recogidos en el currículo oficial. En opinión de Docentes por la Pública, el examen supone un desprecio al trabajo pedagógico de los docentes y al proceso de aprendizaje del alumnado.
Esther Padua, responsable de organización del sindicato, ha señalado que “no puede permitirse que una prueba de acceso universitario anule el esfuerzo de dos años y trunque los proyectos de vida de miles de estudiantes que han seguido fielmente el currículo. El daño, tanto académico como emocional, es incalculable.”
El sindicato recuerda que la normativa vigente, incluyendo el Real Decreto 534/2024 (BOE 12/06/2024) y el Decreto 103/2023 de la Junta de Andalucía (BOJA 15/05/2023), establece claramente que las pruebas deben ajustarse al currículo oficial, respetando los saberes básicos y los criterios de evaluación. Asimismo, la organización específica de la PAU 2025 en Andalucía (BOJA 13/02/2025) detalla el contenido que debe contemplarse en los exámenes, lo que, según el sindicato, agrava la desproporción y falta de coherencia del examen en cuestión.
“Lo que ha sucedido supone también un menosprecio a la labor del profesorado andaluz, que ha planificado, impartido y evaluado sus programaciones conforme a los saberes establecidos por la propia Administración. El esfuerzo coordinado entre profesorado y alumnado ha sido vulnerado con un examen alejado de los principios de proporcionalidad, coherencia y seguridad jurídica que deben regir estas pruebas”, ha añadido Padua.
Ante esta situación, Docentes por la Pública exige:
- La revisión inmediata del examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y de sus criterios de corrección.
- La adopción urgente de medidas compensatorias que eviten una penalización injusta al alumnado.
- La asunción de responsabilidades por parte de quienes hayan autorizado este modelo de prueba.
- La máxima transparencia en los procesos de elaboración y supervisión de futuras pruebas.
Docentes por la Pública concluye asegurando que continuará vigilante, defendiendo los derechos del alumnado y del profesorado de la educación pública andaluza, y exigiendo garantías para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse.
