Por Eduardo Madroñal Pedraza
En 2024, el turismo extranjero llegado a Canarias ha alcanzado su máximo histórico con casi 18 millones de visitantes -un millón y medio mensual, 50.000 al día- y de máximas ganancias para los grandes grupos hoteleros. El turismo de procedencia extranjera, principalmente europea, es constante durante todo el año en las Islas. La generación de riqueza de la actividad turística representa el 37% del Producto Interior Bruto (PIB) canario -que son casi 21.500 millones de euros-; y el 47% de la población -de los 2.200.000 de habitantes- trabaja en la hostelería. No hay una sola familia sin vinculación directa con el empleo turístico.
En las recientes manifestaciones masivas contra el actual modelo turístico en Canarias, una pancarta rezaba “líderes en turismo y en pobreza”. Y dos estudiantes comentaban “allí donde voy veo turistas. Pero eso no se nota en la sociedad. Solo notamos las consecuencias, el beneficio se lo llevan otros”. También dos pensionistas explicaban “estamos aquí por nuestros hijos y nuestros nietos, que casi no pueden pagarse un lugar donde vivir pese a tener trabajo”.
Salarios precarios e irrisorios
Toda esa riqueza no se redistribuye entre la población canaria, al contrario, soporta los salarios más bajos de España. Es, además, la que más poder adquisitivo ha perdido en los últimos dos años, sufre una de las tasas de riesgo de pobreza más altas (el 31,2%) y la cuarta tasa de paro más elevada (13,5%).
En el propio sector turístico tanto las condiciones y las cargas de trabajo como los horarios son insoportables cuando además estamos hablando de que el salario medio se sitúa en los 1.400 euros. Sin embargo, los beneficios empresariales son enormes.
Vivienda inalcanzable
No hay actualmente un parque de viviendas suficiente para dar respuesta a las necesidades residenciales lo que impide el acceso a la vivienda, en particular, a los trabajadores, tanto jóvenes como familias con rentas medias y bajas.
Canarias es la cuarta comunidad con el precio medio de compra más elevado, por detrás de Madrid, Baleares y el País Vasco. Entre 2014 y 2024, el precio real de la vivienda se ha revalorizado un 40%. En alquiler es el quinto más alto de España. En 2024, el precio medio del alquiler aumentó un 17,4%, alcanzando los 1.051 euros mensuales. Este encarecimiento ha llevado a que los canarios destinen, como promedio, el 55% de su sueldo neto al pago del alquiler, superando ampliamente el 30% reivindicado.
Según el Informe Anual 2024 del Banco de España, más del 50% de los alquileres residenciales han desaparecido al convertirse en viviendas para uso turístico, más de 48.000 viviendas son turísticas. Y el incremento de la oferta de vivienda para el alquiler de temporada y el de habitaciones, ha reducido aún más la oferta de alquiler residencial. Canarias es una de las zonas más tensionadas de España y no hay una oferta de vivienda suficiente para cubrir la demanda local.
Canarias tiene un límite
‘Canarias tiene un límite’ -plataforma de organizaciones- demanda la paralización inmediata de proyectos destructivos y derribo de los ilegales; una moratoria hotelera y vacacional real; una ley de residencia que regule la compra de viviendas por extranjeros, y una tasa turística que grave a los visitantes y se reinvierta en la conservación ambiental y la mejora de los servicios al residente; y un impulso a las renovables sin daño a las tierras.
Riqueza se genera, pero no se redistribuye
En Canarias hay riqueza. El turismo genera 21.500 millones de euros anuales. Pero esa riqueza no se redistribuye. Porque se la apropian los grandes grupos hoteleros -cuyos accionistas clave son cada vez más los fondos buitres estadounidenses como Blackstone, Vanguard y BlackRock.
Tales inmensos beneficios turísticos deben alimentar las tres medidas determinantes para revertir la situación de que las Islas sean ‘líderes en turismo y en pobreza’. La primera es una subida significativa de los salarios, generalizada a los trabajadores, empezando por los del propio sector turístico, con una redistribución salarial para que nadie cobre menos de 1.400 euros.
La segunda es la garantía de una vivienda con la creación de un parque de viviendas residenciales suficiente y asequible que no supere el 30% del salario. Y la tercera es planificar un desarrollo sostenible y de cuidado medioambiental, que paralice los daños causados por la invasión de los grandes complejos hoteleros.
