Tener una vivienda digna es un derecho
Lo recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1) y la Constitución española (art. 47). Sin embargo, es un derecho que está —como el clima— en crisis.
La vivienda ha subido de precio —exageradamente— más que los salarios. Una noticia dijo hace cinco meses que, para comprar una residencia en España, se necesitaban 250 sueldos mensuales (casi 21 años de trabajo). Compárese ese dato con los 14 sueldos que eran necesarios en los años 60. Los alquileres tampoco están baratos en España: han subido un 57% desde 2015. Los españoles destinan de media el 40% de su salario a pagar el alquiler, lo cual es —bajo todo punto de vista— una auténtica barbaridad (Europa recomienda que no se supere el 30%). Ante esta situación, propietarios y bancos quieren hacer su negocio. El problema es que abusar es legal.
En España se ha construido mucho (mucho mucho). Tanto, que hemos sufrido varias burbujas inmobiliarias, con graves consecuencias sociales y ambientales. Y cada vez que se habla de esta crisis de vivienda, no faltan lumbreras (del PP, por ejemplo) que quieren solucionar el problema construyendo más. La teoría es tan simplona que convence a los que piensen poco: si aumenta la oferta bajarán los precios. Y eso es falso porque afectan otras circunstancias más importantes.
La vivienda es, hoy, un bien tan codiciado, que no son pocos los que lo usan para enriquecerse exageradamente: para especular. Entonces, si se construyen más casas, no las comprarán los que más las necesiten, sino los que tengan dinero suficiente para ello: para invertir, ¿les suena?. Y el problema de tener un hogar en el que vivir seguirá existiendo. Por eso, en España no solo aumentan los propietarios que tienen varios inmuebles, sino que también crecen los grandes tenedores, los fondos buitre y las empresas que se hacen con edificios completos para alquilarlos a turistas o a cualquiera que pague bien.
Las ciudades insostenibles se van expandiendo, eliminando ecosistemas, talando bosques, eliminando cultivos y creando más zonas de lujo que viviendas para gente joven y que las necesite de verdad. Se hacen urbanizaciones muchas veces dispersas, con piscinas y hasta con campos de golf, aunque no haya agua (mirad en Málaga…). Y mientras, en los barrios hay pisos vacíos, edificios abandonados, en ruinas. Los jóvenes son expulsados porque no pueden pagar una habitación en su propio barrio y no es raro que también los mayores se vean obligados a mudarse (gentrificación).
Decálogo de medidas: ¿Te atreves a soñar?
- Crear viviendas públicas dignas a precios asequibles debiera ser una prioridad de cualquier gobierno. Las propiedades públicas serán alquiladas a precios asequibles, y se mantendrán siempre públicas, cosa que en España no se ha hecho.
- Casi el 100 % de los cientos de miles de viviendas públicas construidas en España están ahora en manos privadas, contribuyendo al negocio y a la especulación privadas. Deberíamos copiar el modelo de Viena, un sistema de éxito que dedica todos los años dinero público a viviendas que jamás se privatizan.
- En España el gasto público en vivienda ronda el 0,15% del PIB. En Europa es el 0,55%.
- No se trata solo de construir residencias públicas nuevas, sino también de comprarlas (de segunda mano) para fijar precios sensatos, adelantándose así a empresas y fondos de inversión.
- Potenciar las cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro, una forma simple de bajar los precios.
- Educar y mejorar en eficiencia energética. Las ayudas para paneles solares (térmicos y fotovoltaicos) no se deben otorgar a quién los instale, sino a quien no pueda instalarlos. En otro caso, las ayudas se las llevarán quienes no las necesitan.
- Como dice Greenpeace, «la mala eficiencia energética y la dependencia de nuestros hogares respecto a los combustibles fósiles agravan la pobreza energética y la crisis climática». Si dedicas más del 10% de los ingresos del hogar a sufragar la factura energética entras en la definición de pobreza energética.
- Además, las viviendas bien construidas son los primeros refugios climáticos, necesarios para afrontar las altas temperaturas que nos asfixiarán cada vez con más frecuencia.
- La prohibición del corte de suministros a personas en situación de vulnerabilidad debe ser avalada por ley de forma permanente.
- Dedicar recursos a la rehabilitación de viviendas y evitar que haya edificios ruinosos en medio de un barrio. Se deben cuidar aspectos tales como el aislamiento térmico, la seguridad, viviendas de cero emisiones, transportes, etc. Además, hay siete medidas necesarias para una ciudad sostenible y justa, las cuales deben aplicarse de forma inmediata.
- Controlar los precios de los alquileres. No es una solución fácil ni mágica, pero Barcelona lo ha hecho con éxito (aunque el resultado podría haber sido mejor).
- Eliminar pisos turísticos en zonas tensionadas (o reducirlos drásticamente). No es razonable que unos pocos se enriquezcan mientras otros no pueden ni vivir de forma razonable.
- Regular los factores económicos directos, como reducir impuestos y aumentar las desgravaciones fiscales a compras, y sobre todo al alquiler, de viviendas para personas de bajos ingresos. Esta es una forma simplona de reducir los precios, pero no olvidemos que ese dinero se retrae de las arcas públicas, dinero que se necesita para colegios, hospitales, casas… y también para armas. Por otra parte, siempre y en todos los casos de impago de hipotecas, la entrega de la vivienda debe significar la desaparición de la deuda con el banco.
- Evitar viviendas vacías. Se entiende que un piso vacío es aquel que lleva dos años deshabitado. Algunos ayuntamientos han subido el IBI de estas viviendas hasta un 50%, lo cual incentiva que los propietarios tengan interés en alquilar.
- Limitar las compras de viviendas en zonas tensionadas por parte de personas (o empresas) que no las necesiten para su propia vida.
- Aumentar los impuestos a grandes tenedores (multipropietarios). Se puede respetar que alguien tenga dos o tres viviendas, pero a partir de la cuarta en zonas tensionadas, los daños sociales son suficientemente grandes como para justificar subir mucho los impuestos. Si conseguimos que ser multipropietario no sea muy rentable, conseguiremos bajar los precios de la vivienda.
Los que defienden mucho la Constitución como un libro que nos une a los españoles, a veces no parece que estén interesados en que se cumpla lo que establece. Tal vez ni la han entendido (suponiendo que la hayan leído).
Los derechos no existen de forma natural. La naturaleza tiene leyes, como la de la gravedad, pero no derechos, los cuales dependen de acuerdos colectivos. Por tanto, no hay ningún derecho que esté garantizado mañana. Entonces, cada día, debemos defender y educar en la necesidad de respetar esos derechos. Es mejor para una mayoría, frente a una minoría que supone que se beneficiará si les permitimos violar los derechos de los demás.
