Los ejecutivos Central y de Canarias mantendrán “una reunión de coordinación” para abordar la situación de los casi 1000 menores de edad solicitantes de asilo de los que, según la reciente sentencia del tribunal Supremo, se debe hacer cargo el Estado.
Así se puso de manifiesto en la reunión interministerial de Inmigración celebrada este martes, que presidió el ministro de Política territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Según explican desde Política Territorial, el Gobierno de España “se encuentra en contacto continuo” con el ejecutivo canario, al que ha manifestado su “voluntad inequívoca” de cumplir con las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo.
Está previsto que en los próximos días se celebre una reunión de coordinación entre los responsables autonómicos y de los ministerios implicados, a fin de avanzar en un acuerdo entre las dos administraciones.
Además de Torres, asistieron al encuentro la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; los ministros y ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; Interior, Fernando Grande Marlaska; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Presidencia, Justicia Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
ACOGIDA DE MENORES MIGRANTES
En la reunión también se abordó el desarrollo del Real Decreto Ley 2/2025 de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, tras haber recibido las cifras de menores no acompañados tutelados en los sistemas de acogida autonómicos.
Todas las comunidades y las ciudades autónomas han remitido los datos solicitados por el Gobierno de España salvo Aragón.
El motivo de esta petición, cuyo plazo concluyó ayer lunes, es dar respuesta a la disposición adicional undécima del RDL que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores en cada Comunidad autónoma.
Según el ministerio, su objetivo es dimensionar el sistema de protección de todo el país para llevar a cabo una acogida solidaria y sostenible y con criterios homogéneos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en condiciones que no garantizan sus derechos, en los territorios frontera.
A partir de ahora, el Ministerio de Juventud e Infancia cotejará los datos y solicitará las aclaraciones pertinentes a las comunidades autónomas, con el fin de unificar la información y obtener una radiografía completa de la capacidad ordinaria de la que disponen las comunidades autónomas en la actualidad, así como de la cifra de acogida de menores extranjeros no acompañados en cada una.
La Comisión Interministerial de Inmigración se convocará de nuevo el próximo martes a fin de avanzar en la aplicación del Real Decreto Ley, cuya convalidación se votará el 10 de abril en el Congreso de los Diputados.
(SERVIMEDIA)
