La Junta de Andalucía ha liderado el proceso de diálogo entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las comunidades autónomas para introducir medidas de simplificación administrativa en el programa de autoconsumo para agilizar su compleja tramitación. Así lo ha puesto de relieve el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, durante su intervención en la XII Mesa de Autoconsumo reunida en Sevilla, en la que ha subrayado el avance de este tipo de instalaciones en la comunidad, que cerró 2023 con un incremento del 52% de la potencia instalada en un solo año, rozando los 1.000 megavatios (MW).
Actualmente hay en Andalucía más de 113.600 instalaciones de autoconsumo distribuidas por toda la región, lo que supone un incremento del 36% en el último año. Los ciudadanos y empresas que generan su propia electricidad representan el 15% de la capacidad fotovoltaica en la región, que se eleva hasta los 6.207 MW de potencia instalada al cierre del ejercicio, según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas.
El consejero, acompañado del secretario general de Energía, Manuel Larrasa; la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez; y el delegado territorial en Sevilla, Antonio Ramírez, ha explicado que su departamento propuso a finales de 2023 una serie de medidas de simplificación administrativa y de eliminación de trabas burocráticas para superar las principales dificultades que afectan tanto a beneficiarios como a las administraciones gestoras de las ayudas.
Andalucía trasladó esas propuestas al Ministerio que, tras varias reuniones mantenidas con un espíritu constructivo, ha procedido a modificar determinados aspectos de las bases reguladoras de este programa, incluyendo una parte de las propuestas trasladadas desde Andalucía.
«La tramitación de las ayudas de autoconsumo conlleva un proceso complejo y Andalucía quería introducir medidas que hicieran más fácil y simplificaran el sistema. Son varias las medidas que hemos podido pactar que van a beneficiar a todas las comunidades y que se han incorporado esta misma semana. No son todas las medidas que habíamos planteado, pero sí deben permitir mayor agilidad en la gestión de estas ayudas», ha precisado Jorge Paradela.
Una de estas medidas es la posibilidad de poder aplicar costes simplificados en la justificación de los expedientes para disminuir la carga administrativa y los tiempos de tramitación para el pago. Su finalidad es reducir las comprobaciones que debía realizar el órgano gestor para pagar las ayudas, de tal modo que no fuera necesario comprobar en los documentos justificativos cada euro de gasto cofinanciado.
Ninguna documentación justificativa relacionada con el gasto material
Esta iniciativa, que en Andalucía se va a aplicar a los programas 4, 5 y 6 para aquellos expedientes de menos de 50.000 euros solicitados por ciudadanos particulares, que son los que concentran el mayor volumen de solicitudes presentadas, supone que ya no se deberá aportar ninguna documentación justificativa relacionada con el gasto material (cuentas justificativas, facturas y documentos de comprobación del pago de la inversión), sino que bastará con que se presente un informe que verifique la realización de la actuación solicitada. Eso sí, se deberá conservar toda la documentación que avala la realización y pago de la instalación realizada para posteriores verificaciones y posibles controles.
Siguiendo la misma línea de conseguir una menor carga documental para las personas y entidades beneficiarias, por petición de Andalucía entre otras comunidades, el Ministerio ha flexibilizado los criterios relativos a la presentación de determinada documentación para acreditar los requisitos técnicos de las actuaciones. Gracias ello, la Junta ha podido eliminar de la convocatoria andaluza cuatro documentos en la fase de justificación aplicables a todos los programas y beneficiarios: el certificado final de obra, la documentación de licencias y autorizaciones administrativas, el proyecto o memoria técnica de diseño de la instalación y, para todos los programas menos el 6, el certificado de instalación eléctrica.
Asimismo, para instalaciones de más de 100 kilovatios (kW) solicitadas por empresas y entidades públicas, también se ha eliminado la presentación del Plan estratégico, así como la documentación relativa al cumplimiento del principio de no causar daño significativo (DNSH) y de la gestión de los residuos generados por el proyecto incentivado en el momento de la justificación de la ayuda, sustituyendo la misma por una declaración responsable, siempre y cuando lo presentado en solicitud no haya sufrido modificaciones.
En este último aspecto, Andalucía había sido todavía más ambiciosa en sus reivindicaciones, solicitando al Ministerio la realización de una evaluación previa del impacto de las actuaciones incentivables para poder eximir y eliminar así directamente de la presentación del DNSH y la declaración de residuos, al menos a los beneficiarios que fueran ciudadanos y para las actuaciones de menor entidad, si bien finalmente esta propuesta no ha sido incluida.
Todas estas medidas enfocadas a la simplificación administrativa para reducir los tiempos de tramitación ya han sido incorporadas a la convocatoria andaluza mediante la resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, en la que se ha incluido, además, la flexibilización de la justificación mediante informe de auditor en los proyectos con incentivo concedido por importe igual o superior a 50.000 euros, con objeto de facilitar su presentación.
Mesa de autoconsumo
La Mesa para el Autoconsumo en Andalucía, impulsada por el Gobierno andaluz y coordinada desde la Agencia Andaluza de la Energía, está concebida como punto de contacto y coordinación de la Administración andaluza y el sector empresarial, sirviendo de herramienta para concretar actuaciones de interés común para potenciar el desarrollo del autoconsumo en la comunidad y la reactivación de la actividad económica e industrial asociada al sector de las renovables y la cogeneración.
Se concibió como una unidad de carácter operativo que, en principio, se conformó con un primer grupo reducido de interesados en el lanzamiento de estos sistemas de generación: la Secretaría General de Energía, la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER), ENDESA, la Asociación de pequeñas distribuidoras de energía eléctrica (CIDE), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Española de la Cogeneración (ACOGEN), la Federación de Asociaciones de Instaladores de Andalucía (FADIA), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Agencia Andaluza de la Energía, encargada de su coordinación.
Posteriormente se han adherido las siguientes asociaciones y organismos: la Asociación Profesional Andaluza de Gestores Energéticos (APADGE), la Asociación de Técnicos en Energía de Andalucía (ATEAN), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), la Asociación de Empresas de Energía Renovables (APPA), el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales (CACITI), el Colegio y Asociación de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITTA/AAGIT), la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME), el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio de Andalucía, el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, la Asociación Nacional de Autoconsumidores (ANA) y la Asociación Entra Agregación y Flexibilidad (ENTRA).
Además, en la XII reunión celebrada, se han incorporado como nuevos miembros la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA), la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (ANPIER) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA).
