El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la publicación esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la orden de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que aprueba el Plan de Inspección de Vivienda Protegida para 2024, además de hacer un balance de actuaciones en esta materia entre los años 2019 y 2023.
Desde el 2019, la Junta de Andalucía está desplegando los diferentes programas del Plan Vive en Andalucía y del Plan Ecovivienda, que persiguen la ampliación de la oferta de vivienda pública en alquiler asequible y también prestaciones en forma de ayudas para el acceso a una vivienda, sea en alquiler o en compra, o la rehabilitación. Sólo el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 ha materializado 100.856 actuaciones por 668 millones de euros, mientras que el Plan Ecovivienda tiene en marcha iniciativas por 614,7 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation.
Esta inversión del Gobierno andaluz se ha traducido en un mejor escenario para la construcción de nueva vivienda protegida. En los últimos cinco años, la promoción de vivienda protegida ha crecido un 320%. Así, de 2014 a 2018 se iniciaron 3.216 viviendas, mientras que entre 2019 y 2023 han sido 10.258 viviendas. De ellas, 5.710 han recibido subvenciones de la Junta de Andalucía en el marco del programa de subvenciones de Fomento del Parque de viviendas en Alquiler, cuya primera convocatoria se puso en marcha, precisamente, en 2019.
El despliegue de estos programas requiere, en paralelo, del seguimiento, evaluación y control para garantizar el éxito y cumplimiento de objetivos. Para ello, el Gobierno andaluz considera necesario el desarrollo de un plan de inspección que garantice su correcto uso, es decir, que esté habitada de forma habitual por personas o unidades de convivencia con ingresos limitados y, además, evitar prácticas irregulares como el cobro de sobreprecios, la sobreocupación, las ventas ilegales y otras actividades como destinarlas a fines turísticos o mantenerlas deshabitadas.
Así, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la publicación en BOJA de la orden que aprueba este plan, que tendrá una vigencia de un año. Las viviendas protegidas están sujetas a una serie de obligaciones según la normativa vigente, ya que deben cumplir con la función social para la que fueron construidas. Dichas viviendas se destinarán a domicilio habitual y permanente de las personas legalmente autorizadas, ya sea en compraventa o en arrendamiento. Aquellos que no tengan la autorización o destinen la vivienda a segunda residencia o a uso turístico estarán incumpliendo la legislación.
Para evitar estas situaciones, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, impulsa este plan de inspecciones, que está integrado dentro del Plan Vive en Andalucía 2020-2030 y pone la lupa sobre dos aspectos que son de obligado cumplimiento. El primero se centra en detectar transmisiones irregulares, en particular a personas jurídicas fuera de los supuestos legalmente permitidos. Por ejemplo, entran dentro de estos infractores aquellos que venden o alquilen su vivienda por encima del precio máximo permitido o ser una persona no autorizable para disponer de una vivienda protegida (como una persona jurídica). El segundo es para evitar el uso de este tipo de viviendas para alquiler turístico.
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda cuenta con una base de datos relevante que permite detectar situaciones cuyas circunstancias apuntan a la posible existencia de infracción, permitiendo así racionalizar los esfuerzos al centrar las labores inspectoras sobre las viviendas localizadas. Entre ellas están las fianzas de alquiler de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) o el registro de viviendas turísticas.
Por un lado, los inspectores analizan todos los afianzamientos registrados desde el 1 de enero de 2021, tanto a régimen general como a régimen concertado (129.371), mientras que, por otro lado, se tiene acreditada la existencia de 115.942 viviendas con fines turísticos en Andalucía. Con esa base de datos se realiza un cribado para extraer solo las viviendas protegidas. De manera particular, el Área de Inspección de Vivienda analiza dichas inscripciones, se deducen las situaciones de posible infracción y, a partir de ahí, se hace una selección fijando como criterios de priorización los recogidos en el artículo 50 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo.
