Sánchez Gordillo termina sus años de alcalde siendo condenado por violar derechos fundamentales de la plantilla de su Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Marinaleda ha sido condenado por sentencia firme del Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla, sentencia nº 207/23 sobre impugnación de sanción a una compañera de CGT que acudió al SERCLA previo a la huelga convocada en el servicio de atención domiciliaria de la localidad y le descontaron dos días de su salario.
Triste final a una trayectoria que se ve enturbiada por el trato que el Ayuntamiento de Marinaleda ha venido dando a sus empleados/as: contratos en fraude de ley que deben ser regularizados por la Inspección de Trabajo, salarios por debajo del SMI, no reconocimientos de antigüedades, impedir la conciliación de la vida laboral y familiar, falta de convenio colectivo, eliminación de las 35h semanales, sanciones a quienes reclaman los derechos básicos, bolsas de trabajo sospechosas, vulneración del derecho de huelga, persecución sindical…
Herencia más que reprochable para quienes se hagan cargo próximamente del Ayuntamiento, que tendrán que enfrentarse en breve a un nuevo juicio por sanción a otra compañera de Atención Domiciliaria, idéntica a la que ahora ha visto sentencia y condena al equipo de Gobierno de Marinaleda, al despido injusto y represor de Conchi, responsable de la sección sindical de CGT, que está previsto para el próximo mes de febrero 2024 y algunas otras citas con inspecciones y juzgados.
Lástima que la lentitud de la justicia esté impidiendo que se cumplan los plazos fijados en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) y para que una sanción injusta, desmedida, represora y violadora de los Derechos Fundamentales vea la luz en modo de sentencia condenatoria al Ayuntamiento de Marinaleda hayan tenido que pasar más de tres años.
El tiempo, la razón y la paciencia con este sistema ponen a cada cual en su lugar
