En la mañana de hoy, el Personal Técnico de integración Social (PTIS) y los intérpretes de Lengua de Signos (ILSES) de la provincia malagueña, se han concentrado ante la sede territorial de la Agencia Pública de Educación (APAE) para denunciar la dejadez de funciones de este organismo público cuya obligación, entre otras, es la de controlar los pliegos de condiciones que sacan a concurso y velar porque estos se cumplan escrupulosamente por parte de las empresas beneficiadas de los mismos.
En este sentido, Daniel Moreno, responsable del sector de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, ha manifestado que “varias de estas empresas privadas deben nóminas desde el mes de junio a un personal asfixiado por la falta de efectivos y que sufre por los continuos traslados de centros por todo el territorio andaluz, con el consiguiente déficit en la calidad del servicio prestado y perjuicio para las personas que necesitan de estas figuras profesionales.”
Moreno puntualiza que “el personal técnico soporta una tasa de privatización infame, donde unas 220 PTIS laborales y 16 ILSE de la provincia de Málaga son plazas externalizadas en empresas privadas, sin orden ni control de ningún tipo por parte de la APAE. Por lo que desde CCOO solicitamos a la Junta por la vía de urgencia que cree una mesa de coordinación entre la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación y la APAE.”
El responsable sindical, ha insistido en que “muchas de las empresas no han cumplido con lo marcado por el convenio colectivo en cuanto a las vacaciones que deben disfrutar sus trabajadores. Y este verano, de manera unilateral y sin consultar con la representación legal de los trabajadores, han modificado contratos, pasando del Indefinido parcial al fijo discontinuo; contrato éste, que incurre en una irregularidad según el artículo 21 del XV convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
Igualmente, la resolución de 07 de marzo de 2022 marca una subida para los años 2020 del 2% y 2021 del 0,9%, es decir, un total del 2,9%. “Este compromiso de incremento salarial sólo lo ha cumplido una empresa del sector en toda Andalucía. Esto no puede seguir así.” Sentencia Moreno.
Por otro lado, Cristina Romero, una de las trabajadoras afectadas, añade “no podemos permitir que suceda como el año pasado, donde varios menores, aun queriendo asistir a los centros educativos no pudieron por falta del personal ILSE, o que más de 20 de estos profesionales sean trasladados de sus centros educativos a otros nuevos obligados a empezar todo el proceso de valoración del nuevo alumnado desde cero mientras abandonan a los que ya conocen durante años”.
