El grupo municipal de Unidas Podemos (UPporMálaga) propone, vía moción a la Comisión
Plenaria de Derechos Sociales y Vivienda, “la creación, dentro de la estructura de
Gestrisam, de una unidad de investigación y fiscalización de las viviendas turísticas para lograr un mayor control de esta tipología de alojamientos que vienen proliferando de
forma caótica sin planificación ni control algún por parte del alcalde, Francisco de la Torre
(PP), y garantizar que pagan los tributos que les corresponden a raíz de su actividad”.
El concejal portavoz adjunto de UPporMálaga, Nico Sguiglia, asegura que “según datos del registro de la Junta de Andalucía en Málaga contamos con más de 7.000 viviendas turísticas y más de 38.000 plazas, lo que supone un 150% respectos a las plazas hoteleras disponibles.
La falta de planificación del gobierno del PP está provocando claros problemas de convivencia en el Centro y acelera la subida desproporcionada del precio de los alquileres que sufrimos en Málaga. No hay control y fiscalización efectiva, la realidad es que el Ayuntamiento no sabe exactamente cuántas hay, dónde están y que no se está procediendo al cobro de la tasa de basuras que estipulan las ordenanzas fiscales, ya que ejercen una actividad económica”.
Sguiglia informa de que Gestrisam, el órgano de gestión tributaria del Ayuntamiento de Málaga, “calcula que más del 50% de la tasa de basura que tendría que cobrarse a estas viviendas no se hace efectiva, lo que supone una merma anual de unos 300.000 euros para las arcas municipales. Es preciso convocar a todas las plataformas que gestionan estas vivienda turísticas y que se comprometan a facilitar los listados de viviendas que poseen, para que dejen de escapar al control democrático y tributen lo que les corresponde”.
La concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, critica que “el alcalde muestre su
complacencia y colaboración con la proliferación especulativa de las viviendas turísticas en Málaga, mientras el precio del alquiler y del metro cuadrado no para de subir y Málaga. Si quiere demostrar que defiende el interés general de la ciudad y a las más de 20.000 familias malagueñas demandantes de vivienda tendrá que aprobar las medidas contenidas en nuestra moción”.
