CCOO ha convocado una jornada de concentración y protesta por la imparable escalada
de precios que se está produciendo en materias primas, bienes de primera necesidad y en
recursos fundamentales para la ciudadanía y las personas trabajadoras. Por un Pacto de
Estado que detenga desde ya la inflación y proteja el empleo, se llama a la movilización en Málaga el próximo próximo 23 de marzo, miércoles, a partir de las 18:30 horas en la Plaza de La Marina, convocando junto a UGT, Facua Consumidores en Acción, UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores), y la CEAV (Confederación Española de Asociaciones de Vecinos).
CCOO Málaga pide a las instituciones europeas, nacionales, autonómicas y municipales que
tomen medidas claras y contundentes, cada uno en su ámbito de competencias, para frenar el ascenso sin control de la inflación en nuestro país. “Con datos que no se conocían desde 1986 (subida del 7,6% en el IPC el pasado mes de febrero), y teniendo en cuenta que todavía no se ha alcanzado techo, el empleo será el gran perjudicado en un medio y largo plazo.
Esta situación está dañando enormemente a las personas trabajadoras, empresas y a la
ciudadanía en general”, apuntó Fernando Cubillo, secretario general de CCOO Málaga. “Contener los precios y detener esta inflación no está entre las prioridades de otras organizaciones políticas, cuyo único fin es ocupar el poder y no proteger al conjunto de quiénes trabajan y sufren las consecuencias como son las familias”.
La subida en los precios se están produciendo en pilares fundamentales de nuestra economía, como la electricidad, con un incremento medio de 40 euros al mes para una familia media en Málaga; los hidrocarburos -un 25,9% en el último año para las gasolinas y del 29% para el gasóleo- o el gas. Pero al mismo tiempo se están produciendo otras subidas de precios en materias primas, que igualmente afectan al conjunto de la cadena alimentaria en nuestra provincia como son los cereales o los aceites de girasol.
Todo ello, nos lleva a un aumento de precios que puede hacer subir tanto los bienes básicos
para la alimentación, como bienes del transporte de pasaje o de mercancías, así como los precios de alquileres de la vivienda cuando se activen las cláusulas de IPC en los contratos. La subida de los precios medios en nuestra provincia ha sido en el último año, para las viviendas menores de 60 metros cuadrados; es decir, para familias con escasos recursos, nada menos que de un 33,2%.
La ciudadanía malagueña paga de media 2.088 euros más al año en materia de vivienda. O lo que es lo mismo, cuatro mensualidades más. Por todo ello, la respuesta a este panorama debe ser global, en el conjunto de la Unión Europea, y para ello primeramente pedimos un Pacto de Estado a nivel nacional.
“Un pacto que redistribuya esta subida de costes entre administraciones públicas, empresas y ciudadanía, y que la inflación se mantenga en unos límites que garanticen a quienes menos recursos tengan una vida digna y un consumo básico para su familia”, insistió Fernando Cubillo.
Decálogo de medidas
Las entidades convocantes de la concentración del próximo 23 de marzo (18:30 horas Plaza de La Marina) proponen un decálogo de medidas que son imprescindibles para amortiguar los efectos de estas subidas.
1.- Firma de un nuevo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que reparta entre
empresas y personas trabajaras el coste del shock de precios a corto plazo, y que se
recupere el poder adquisitivo de los salarios a medio plazo.
Para ello debiéramos pactar una subida inicial para el año 2022 y estipular cláusulas de
revisión salarial para que, en el plazo de vigencia del mismo los salarios no sufran la
devaluación que sufrieron en la pasada crisis.
2.- Limitar el reparto de excedentes financieros y dividendos empresariales. El pacto de
rentas debe ser plural.
3.- Activar el mecanismo RED pactado en la reforma laboral para aquellas actividades
impactadas por la guerra, y que sufren de manera importante en sus rentabilidades.
4.- Arreglar el deficiente funcionamiento del sistema de fijación marginalista del precio
de la electricidad. Sin modificar los precios energéticos, no habrá pacto de rentas en las
empresas. Fijar precios máximos en las energías y aumentar los impuestos a las
eléctricas.
5.- Impulsar la soberanía energética, para evitar que la dependencia nos lleve a una situación económicamente insostenible para las familias. Por ello hay que impulsar el mecanismo del PERTE de energías renovables y la transición energética.
6.- Protección de los hogares vulnerables. Mediante la creación de un mínimo vital de
consumo energético gratuito para los casos más severos.
7.- Apoyo a las actividades que más energía consumen.
8.- Mantener las rebajas fiscales en la electricidad, mientras dure esta situación y
ampliarla a los hidrocarburos (impuestos especiales).
9.- Congelar los precios máximos de alquiler de las viviendas y locales, mientras perdure esta situación.
10.- Apostar por el transporte apoyando y promoviendo el transporte público y colectivo, tanto en mercancías como en pasaje.
