La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, responsable de Derechos Sociales en este grupo, ha exigido a la Junta de Andalucía “que se destinen los más de 20 millones de euros que se han quedado sin ejecutar en la Renta Mínima Andaluza al apartado de políticas sociales”, ya que “hay más de 11.000 familias en la comunidad en situación de extrema pobreza, muchas de ellas de la ciudad de Málaga”.
Así lo solicita con una moción que será defendida este jueves durante la comisión de Derechos Sociales, un texto que recuerda que “durante 2021 ya se recortaron otros casi 20 millones de euros en políticas sociales de la Junta”, luego “las familias solicitantes han perdido más de 40 millones de euros en ayudas”. De los 134 millones de euros de 2020, en 2021 se pasó a 115 millones de euros.
“Mientras se producen estos recortes insensibles, tenemos una lista de espera de casi dos años desde que se solicita una ayuda hasta que la persona beneficiaria la recibe. Es más, el colmo es que se jactan ustedes de cerrar octubre con un superávit superior a 3.000 millones de euros”, se ha dirigido la socialista al Ejecutivo de Juanma Moreno.
“En un panorama de pandemia y con una economía tan afectada por la misma con la consiguiente repercusión en la ciudadanía, estamos hablando de que se ha dejado un 18% de la partida de esta prestación sin emplear y esto lo que quiere decir es que poco a poco pretenden eliminar la Renta Mínima de Inclusión Social en 2022, una renta creada por un gobierno socialista en 2018 y contemplada como un derecho para las familias más vulnerables”, ha añadido.
Para Rodríguez, “es evidente que el Partido Popular de Andalucía está aprovechando la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital para que sea solo el Gobierno central quien de respuestas a estas familias y desentenderse de ellas”. Según la socialista, en la comunidad un 35% de la población analuza vive en riesgo de pobreza, según los datos de la Red Andaluza de la Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social “y la respuesta que nos encontramos es dejar sin gastar parte de la partida presupuestaria destinada estas familias y privarlas también de los itinerarios de inserción laboral que acompañan a esta renta y que hace posible que muchas de ellas salgan del círculo de la exclusión”.
Según Rosa del Mar Rodríguez, “estos recortes en políticas sociales en la región dejan unos datos escalofriantes”, porque propician el despido de personal técnico de la Red Andalucía Orienta, 340 personas en Andalucía y 57 en la provincia de Málaga, mientras que “hay 1,5 millones menos para familias acogedoras de menores y 118.408 euros menos para atención a menores en riesgo”.
A esto habría que sumar la reducción de fondos que la Junta de Andalucía transfiere a los ayuntamientos para el fondo de Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2021 “que conlleva una reducción con respecto a 2020 de 102.656 euros, en contraposición al Gobierno de España que de forma extraordinaria ha hecho aportaciones en los años 2020 y 2021 para estas ayudas de 696.130 y 699.958 euros respectivamente”. Para Rodríguez, “son las dos caras de una misma moneda, las de un gobierno progresista con el PSOE, y otro insensible con el PP”.
