“Esta ley servirá para garantizar precios justos, además de para poner fin a la venta a
pérdida y acabar, de una vez por todas, con otras prácticas abusivas que asfixian a
nuestra agricultura y ganadería. Supone además un importante paso para recuperar el valor de la producción frente al de la especulación”
La confluencia de IU y Podemos en la Diputación Provincial de Málaga entiende que “en
muchísimas ocasiones, se da la injusta situación, de que los precios que las familias
agrícolas y ganaderas reciben por sus productos no cubren los costes de producción de los mismos, poniendo en peligro la viabilidad económica de las explotaciones y la economía de las familias que viven de ellas”, por ello, van a proponer al ente supramunicipal que “asuma un papel proactivo en la implementación y desarrollo de la
nueva ley de Cadena Alimentaria”.
“Desde Izquierda Unida y Podemos, siempre defendimos precios justos en la cadena
alimentaria y por ello, esta Ley lleva también implícita esta defensa. Esta ley desarrolla
unas relaciones comerciales justas y equilibradas en la cadena alimentaria para que nadie pueda obligar a nuestros productores a vender por debajo del precio que les cuesta producir, y para que ningún otro eslabón de la cadena pueda vender por debajo de lo que les costó comprar los productos. Se crea un registro digital y público de contratos
alimentarios, se anulan las cláusulas abusivas como la venta a pérdidas o a resultas, se
establece la posibilidad de que los estudios del Observatorio de Precios sean indicadores
de costes, se hace una definición más justa del coste de producción, que reconoce por
primera vez el trabajo del propio productor y de sus familiares, al igual que el trabajo de
los asalariados como parte del valor del producto”, apuntan desde la formación.
UPporA pedirá en pleno que se realice un estudio para conocer el impacto que la nueva Ley de Cadena Alimentaria va a tener en el sector agrícola y ganadero de la provincia de
Málaga, que se ponga en marcha junto con las asociaciones agrarias representativas de
nuestra provincia, una campaña de información y concienciación de la nueva ley, tanto
para los propios agricultores y ganaderas, como para el resto de agentes implicados en la
comercialización y distribución, incluyendo al canal HORECA; instar a la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) y a la Junta de Andalucía a vigilar y hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria; y que se lleven a cabo una serie de estudios de cadena en los distintos sectores y realizar los informes y estudios de cadena recogidos en la Ley, así como identificar los índices de precios y costes medios de producción y su evolución.
La portavoz de la formación, Maribel González, subraya que “el precio final de los
productos se multiplica a lo largo de la cadena de comercialización y distribución,
pagándose al agricultor o ganadera precios de miseria mientras al consumidor final se le
cobra por el mismo productos a precio de oro. De los casos más conocidos en la comarca del Guadalhorce, por ejemplo, son los limones o las naranjas, que pueden pasar de 0.30 céntimos el kilo al agricultor a 1.45€ en el supermercado. Esta escalada de los precios evidencia un sistema que prima la especulación en el proceso de comercialización y distribución.
La diputada Teresa Sánchez incide en que “con estas modificaciones se consigue dar
más transparencia a la formación de precios y a las transacciones comerciales en la cadena, lograr un equilibrio entre los tres eslabones -producción, industria y distribución– y que los productores dispongan de mejores instrumentos de apoyo y protección en sus negociaciones”.
“Esta ley servirá para garantizar precios justos, además de para poner fin a la venta a
pérdida y acabar, de una vez por todas, con otras prácticas abusivas que asfixian a
nuestra agricultura y ganadería. Supone además un importante paso para recuperar el
valor de la producción frente al de la especulación. Se plantea una ley coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, en línea con los objetivos de lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, conseguir un sector primario más sostenible y defender unas condiciones de vida digna en las zonas rurales”, abunda González.
