El Congreso de los Diputados decide este jueves si tramita el proyecto de ley para reformar el artículo 49 de la Constitución referido a las personas con discapacidad, frente al que PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad que se debatirán y votarán en el Pleno.
En estas enmiendas, las dos formaciones que las plantean piden devolver el texto al Gobierno, por entender el PP que el momento actual “no es oportuno” y “podría abrir la puerta a una voladura de la constitución”, y porque, según Vox, el nuevo artículo “no se adecúa a los fines que dice perseguir y “carece de la calidad necesaria””.
La propuesta de reforma de la Carta Magna, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo, suprime el término ‘disminuido’ y lo sustituye por el de ‘personas con discapacidad’, tal y como demandan desde hace años las asociaciones del sector.
Propone, además, una nueva estructura del artículo con cuatro apartados; reemplaza el enfoque médico-rehabilitador por otro basado en la defensa de los derechos del colectivo; recalca la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y deberes de que estas personas son titulares; establece los objetivos que deben orientar su acción, tales como la autonomía personal y la inclusión social, y proclama la participación de las entidades representativas en las políticas que afectan a dicho colectivo.
El resto de formaciones políticas sí apoyan el texto del Gobierno, por lo que las enmiendas serán previsiblemente rechazadas y se espera que el proyecto de ley continúe su tramitación en ponencia, comisión y Pleno.
El CERMI lo respalda
Sin embargo, la aprobación definitiva de este cambio de la Constitución necesita el respaldo de tres quintas partes del Pleno en Congreso y Senado, por lo que de persistir la oposición de PP y Vox la reforma no llegaría a buen puerto.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), impulsor de la propuesta, pidió a todos los grupos que apoyen este proyecto de ley, que satisface “una demanda histórica de la discapacidad”.
Promovido de hecho por el Cermi, un primer anteproyecto de reforma vio la luz en diciembre de 2018 en Consejo de Ministros, aunque la disolución de las cortes en 2019 impidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez llevarlo adelante.
Aquella iniciativa partía de una propuesta de redacción aprobada -entonces sí- por unanimidad en la Comisión de Políticas Integrales para la discapacidad.
