Así lo defendió su presidente, Federico de Montalvo, en declaraciones a Servimedia después de que varios países hayan impuesto o estén estudiando imponer la inmunización obligatoria de colectivos como el de los profesionales sanitarios y de que EEUU haya anunciado que los funcionarios del Gobierno federal deberán demostrar que están inoculados para evitar someterse a test de manera regular.
A este respecto, estimó que con la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública “en la mano” sí habría “cabida” para la vacunación obligatoria como “medida excepcional” en un contexto de “grave” crisis de salud pública como la actual, aunque no la cite “de manera expresa”, al hacer mención a “cualquier medida necesaria y ser la vacunación una medida habitual de salud pública”.
“En España tenemos sentencias que han permitido la vacunación obligatoria en contextos de crisis de salud pública y el Tribunal Supremo ha dicho hace poco que no hace falta que la medida a aplicar esté expresamente prevista, sino que sea una medida necesaria dentro de las habituales en una crisis de salud”, puntualizó el también jurista y miembro del grupo de expertos en torno a la estrategia de vacunación, convencido de que la cláusula que permite aplicarla “no tiene que ser expresa y clara, sino una cláusula general”.
En este sentido, se incluyó entre quienes defienden que no es necesario plantear ninguna reforma legal que ampare la vacunación a toda la población en caso de pandemia. “Tienen que aplicarse medidas habituales que se adopten ante una pandemia, como las cuarentenas, confinamientos y vacunas, que no son una cosa extraña o imprevisible en un contexto como el actual”, reiteró, al tiempo que urgió a “saber aplicar lo que tenemos, porque con lo que tenemos es suficiente”.
Tras reiterar que, “en principio, no hay problema” en llevar a cabo una vacunación obligatoria en España, llamó a preguntarse “si todo lo posible es necesario”. “¿Es necesario ahora mismo vacunar obligatoriamente, qué conseguiríamos con ello y para qué habría que vacunar obligatoriamente?”, se cuestionó, para responder que “no todo lo posible es necesario y en derecho es muy importante determinar si algo es necesario o no”.
NO ES NECESARIO
Se trata de la misma posición expresada por el Comité de Bioética de España a través de sendos informes publicados en 2016, ante la aparición entonces en el país de casos “muy excepcionales” de rechazo a las vacunas, y a finales de 2020. En ellos reflexionaba sobre la posibilidad de la vacunación obligatoria y sobre si el ordenamiento jurídico español estaba “preparado para afrontar una crisis como esta” y abogó por que “no sea obligatoria, aunque sea legal y ética”.
“No era necesario, porque pensábamos que la vacuna iba a tener éxito por ella misma”, abundó, consciente de que imponer una medida de este calado “puede generar cierta alarma e incluso dar argumentos a los antivacunas”. “A finales de 2020 creíamos que la gente se iba a querer vacunar mayoritariamente y así ocurrió y, de hecho, la imagen de Araceli, la primera vacunada, ayudó más a que la gente se vacunara que cualquier medida coercitiva”, sentenció, para aseverar que entonces aún “era previsible alcanzar la inmunidad colectiva con un 70% de vacunados sin necesidad de obligar a nada”.
Sin embargo, las nuevas variantes del virus, como la delta, podrían hacer necesaria la vacunación de hasta un 90% de la población para alcanzar dicha inmunidad y, a su entender, el “problema” que España afrontará “en breve” estaría en que entre un 8 y un 15% de población no se vacunará y que el escenario “se complica” al añadir la variable de la vacunación de los niños “para su beneficio o en beneficio de la colectividad”.
“Vacunar a los niños por interés colectivo para alcanzar la inmunidad de rebaño porque un porcentaje de población mayor de edad no se haya querido vacunar me plantea realmente un conflicto ético”, reconoció, convencido de que, “plantear vacunarles solo para tener a la población con inmunidad de rebaño no es ético”.
En este punto, De Montalvo recordó a los antivacunas que este tipo de soluciones “son el instrumento de salud pública más antiguo de la historia” y que las fabricadas a raíz de la pandemia “han pasado todos los test más rigurosos que existen en la industria de los fármacos y están evitando que la gente muera”.
ENSEÑANZAS
Preguntado por las “enseñanzas” que es posible extraer de esta pandemia, el experto advirtió de que “el mayor beneficio para el mayor número de personas no es un criterio ético correcto”. “Hay que tenerlo en cuenta, pero siempre lo que nos exige la ética es proteger a los más vulnerables y por eso se les ha tenido muy en cuenta en la vacunación”, añadió, para rechazar el criterio “utilitarista” que guio la priorización del uso de respiradores al inicio de la pandemia.
“En el proceso de vacunación se ha priorizado con criterios éticos y hemos ido a vacunar a los más vulnerables”. “Podríamos haber vacunado a los más jóvenes, pero hemos vacunado a los mayores, que tienen menos esperanza de vida, porque son esas personas sobre las que realmente se ensaña el virus”, remachó.
