El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, calificó este jueves de “escándalo” y “un gran daño para la imagen internacional” de España la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que España ha incumplido sus obligaciones comunitarias por las extracciones ilegales de agua subterránea para cultivos de frutos rojos en Doñana.
La Justicia europea estimó este jueves parcialmente un recurso de la Comisión Europea contra España al indicar que este país no ha tenido en cuenta las extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana y las destinadas al abastecimiento urbano, y no ha adoptado medidas para evitar las alteraciones de hábitats protegidos provocadas por esa obtención ilegal del agua.
“Esta condena a España es un escándalo y un gran daño para la imagen internacional de nuestro país que no ha sido capaz de cuidar un espacio único como Doñana, propiedad de todos los europeos y patrimonio de toda la humanidad”, indicó Del Olmo en un comunicado.
Del Olmo añadió al respecto: “Ahora seremos todos los ciudadanos los que paguemos las consecuencias de la inoperancia de las autoridades locales, autonómicas y centrales que han consentido el expolio y saqueo de Doñana y han cedido continuamente ante las presiones de la agricultura intensiva legal e ilegal como hemos denunciado desde WWF en innumerables ocasiones”.
“Hemos luchado por Doñana desde hace 50 años y estamos convencidos de que se encuentra en la situación más grave de su historia. Es un ecosistema cada vez más débil, asediado por antiguas y nuevas amenazas y por la realidad del cambio climático. Esta sentencia recuerda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central su responsabilidad y la urgencia de actuar antes de cruzar el punto de no retorno”, apuntó.
WWF señaló que la “sentencia histórica” del Tribunal de Justicia de la UE se inició hace 10 años tras la queja presentada por esta organización ante la Comisión Europea, cuando denunció la “extracción abusiva e insostenible” de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas, ante la “total inacción y los reiterados incumplimientos durante años de las autoridades españolas, los ayuntamientos de la zona, la Junta de Andalucía y el Gobierno central”.
