Rebelión por el Clima Andalucía hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía y
organizaciones de la sociedad civil andaluza para que este 5 de junio salgamos de nuevo a
las calles para celebrar conjuntamente el Día Mundial del Medio Ambiente y el
Decrecimiento sumándose y/u organizando acciones y actividades descentralizadas en
nuestras localidades para demandar políticas de justicia ecosocial que pongan en el centro
los cuidados sobre las vidas diversas que habitan este planeta y en especial sobre aquellas
que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
La crisis sanitaria causada por el Covid-19 nos ha hecho sentirnos vulnerables. Pero este
sentimiento de fragilidad compartida, no es igual para todas y va mucho más allá de la
amenaza que supone este virus. Hoy nos enfrentamos a un agravamiento de la
vulnerabilidad de las mayorías sociales y las clases populares debido a:
● El desmantelamiento de los servicios públicos de salud y de educación
● El rescate con dinero público de las grandes empresas, las mismas que precarizan
a los y las trabajadoras, esquilman los territorios y provocan el caos climático
● El dramático aumento de la precariedad vital, la desigualdad social y la pobreza
● Las desregulaciones ambientales que amenazan con degradar aún más nuestros
territorios
● Un modelo de transición energética que se desarrolla sin garantizar criterios de
conservación de los suelos de cultivo, la biodiversidad y los paisajes culturales y que
facilita a las grandes empresas afianzar su posición de poder
● La represión policial y judicial de la sociedad civil organizada y la protesta social
● La manipulación que propagan los medios de comunicación de masas a través del
● greenwashing y la venta de las falsas soluciones del capitalismo «verde»
● El blanqueamiento de los discursos de odio contra las personas y los colectivos más
vulnerables
● La priorización del crecimiento económico frente a los cuidados de las personas y el
planeta.
Vivimos en tiempos de pandemias. Pero nada es casual. Todo este expolio, precariedad,
exclusión, manipulación, destrucción y violencia estructural responde al mantenimiento de
un orden social injusto e insostenible, que beneficia sólo a unos pocos y que se retuerce
ahora en contra de las mayorías sociales, intensificando sus relaciones de dominación y
opresión a través de una vuelta de tuerca más hacia el extractivismo; la explotación de la
clase trabajadora; el racismo; el colonialismo; el especismo…
Este orden social es un monstruo de mil cabezas que está empezando a descomponerse al
chocar contra los límites biofísicos del planeta, pues el crecimiento económico ilimitado,
del cual depende, se hace cada vez más difícil, si no imposible, en este mundo lleno y finito.
En esta década nos enfrentamos al fin del crecimiento económico global. El decrecimiento
energético y material ya no es una opción para nuestras sociedades, es una realidad
ineludible. Lo que está en juego es el modo en el que decreceremos, si lo haremos de una
manera democrática y justa o de un modo autoritario e injusto. Podemos vivir mejor con
menos. Una vida buena para todas es posible, pero sólo si transitamos hacia otro orden
social que ponga en el centro los cuidados y la justicia ecosocial.
Más allá de los cuentos de hadas de crecimiento «verde», nuestras sociedades están
empezando a decrecer por la vía neoliberal, mediante la privatización y el debilitamiento de
los servicios públicos y a través de un racionamiento de los bienes y servicios básicos
mediante los mecanismos de mercado. En un sálvese quien tenga. Mientras, los gobiernos
continúan facilitando la desregulación social y ambiental para que las grandes empresas
puedan seguir haciendo negocios como de costumbre, alejándose cada vez más del interés
general y de la posibilidad de una gestión democrática que priorice la justicia social y
ambiental. Hay que gritarlo claro: ¡Nos están dejando atrás!
Los gobiernos de todo el mundo están poniendo en marcha planes de recuperación a la
medida del sector privado, invirtiendo nuestros recursos públicos en rescatar a las grandes
corporaciones industriales insostenibles bajo la falsa promesa de futuros crecimientos
“verdes”, en vez de invertirlos en el bienestar de las mayorías sociales y el planeta,
transformando la economía para decrecer de un modo más justo y ordenado. En nombre
del desarrollo sostenible, los gobiernos han priorizado la recuperación y la resiliencia de las
grandes empresas, a costa de vulnerar aún más a la ciudadanía y sus territorios.
Un reflejo de ello es que, en nuestra Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucía ha
aprovechado esta crisis para aprobar normas de desregulación ambiental y urbanística a
través del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la
Actividad Productiva, más conocido como “el Decretazo” (9 de marzo de 2020), al que han
seguido otras normativas en la misma dirección.
El “Decretazo” permite, entre otras cosas, la instalación de minas y canteras sin evaluación
ambiental previa, y facilita la construcción de urbanizaciones, grandes establecimientos
comerciales, turísticos e industriales y de grandes infraestructuras como puertos,
aeropuertos, embalses… a pesar del alto impacto negativo que, se sabe, tienen en el
entorno. Además, esta normativa le da mayor control a la Junta de Andalucía para poder
condicionar e imponer a los Ayuntamientos la modificación de sus PGOU, sin que éstos
puedan ser partícipes de la decisión final; y limitando la participación ciudadana, la cual
queda aún más restringida. Asimismo, este decreto-ley elimina las normativas que hasta
ahora obligaban a calcular la huella de carbono de productos y servicios contaminantes.
Todas estas medidas suponen una regresión inadmisible en la protección ambiental, en un
momento histórico en el que Andalucía está en una posición de alta vulnerabilidad frente a
las turbulencias del caos climático y la crisis energética global, y que previsiblemente, si no
lo impedimos, se traducirá en una disminución de la capacidad de nuestros territorios y
poblaciones para sobreponerse a los impactos de futuras sequías, procesos de desertificación, subidas del nivel del mar o episodios de descenso energético brusco, que
podrían acabar desembocando en escenarios de inseguridad alimentaria y migraciones
forzadas.
Además, sabemos que, en este contexto de descenso energético inevitable, la
productividad que la Junta pretende fomentar con sus medidas está condenada al fracaso.
Hace falta un nuevo modelo productivo que permita:
● Cubrir las necesidades básicas de toda la población, a través de medidas de ahorro,
eficiencia y reparto.
● Priorizar el fortalecimiento de los servicios públicos y comunitarios frente a los
privados.
● Relocalizar y diversificar las actividades productivas, generando empleo, riqueza
local y repoblación rural.
● Fomentar y apoyar el cooperativismo y la economía social y solidaria.
● Fomentar y facilitar el autoconsumo energético y la creación de comunidades
energéticas para desarrollar un modelo de transición energética distribuido y
democrático.
● Favorecer una economía respetuosa con el territorio, su biodiversidad y que cierre,
en lo posible, los ciclos de la materia.
● Primarizar la economía, transitando hacia la agroecología y la soberanía alimentaria,
de la mano de sueldos y condiciones de trabajo dignas y justas.
● En definitiva, un modelo radicalmente distinto al actual que ponga en el centro los
cuidados de las vidas diversas y la justicia ecosocial.
Por todo ello, desde Rebelión por el Clima Andalucía:
Estamos decididos a presionar, a través de la movilización social y de la Acción Directa Noviolenta, tanto al gobierno de la Junta de Andalucía como a los gobiernos locales para que tomen medidas urgentes a la altura de la emergencia climática y energética que vivimos.
Decimos “No” al «Decretazo» y a todas las normativas de desregulación ambiental y social
que atentan contra nuestras poblaciones y territorios, exigiendo sus derogaciones.
Nos comprometemos al cierre de las infraestructuras andaluzas con mayor responsabilidad
en la emisión de gases de efecto invernadero a través de la desobediencia civil en el marco
del Acuerdo de Glasgow.
Exigimos la puesta en marcha de asambleas ciudadanas con capacidad de tomar
decisiones vinculantes a la hora de planificar una transición ecosocial que sea justa para
todas.
Llamamos a la ciudadanía andaluza a que este 5 de junio salgamos a las calles de nuevo,
allí donde estemos, para hacer frente a la situación de emergencia social, climática,
energética y de pérdida de la biodiversidad, a través del fortalecimiento de la
autoorganización y movilización social. Porque hay que gritarlo claro: ¡Nos están dejando
atrás! y necesitamos luchar juntas!
¡Por una Andalucía rebelde por la justicia ecosocial!
