El Partido Socialista del presidente español Pedro Sánchez ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que los miembros de las autodenominadas ‘asociaciones provida’ que acosen a las mujeres a las puertas de las clínicas autorizadas para realizar interrupciones voluntarias del embarazo puedan ser castigados con penas de entre tres meses y un año de cárcel.
Desde distintos sectores, como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), se ha denunciado reiteradamente estas actuaciones. Alegan que suponen una coacción para las embarazadas y que sus acciones en muchos casos van más allá de la mera información, increpando, insultando y amenazando a las mujeres que acuden.
La proposición presentada por los socialistas recoge que «el que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 81 días».
Aborto libre hasta las 14 semanas
En España la legislación permite el aborto libre durante las 14 primeras semanas de embarazo. El plazo aumenta hasta las 22 semanas en los casos de grave riesgo para la salud o la vida de la madre o el feto. A partir de entonces solo se contemplan los supuestos de anomalías en el feto incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del feto.
A pesar de ser un derecho cubierto por el sistema nacional de salud, muchas mujeres españolas encuentran serias dificultades para ejercerlo. Existen territorios donde no se puede interrumpir un embarazo en ningún hospital público porque estos centros se acogen a la objeción de conciencia en bloque, a pesar de ser un derecho individual. Así, existen cinco comunidades autónomas en España en las que no se ha registrado un solo aborto en el sistema público en los últimos 30 años.
En estas circunstancias, incluso mujeres cuya vida corre peligro, o que están desarrollando una gestación con un feto con anomalías incompatibles con la vida, se ven obligadas a un largo peregrinaje fuera de sus lugares de residencia mientras su embarazo se prolonga.
Precisamente este domingo el programa televisivo ‘Salvados’, de la cadena La Sexta, ha tratado la situación del aborto y ha contado con el testimonio de muchas mujeres que han sufrido una interrupción voluntaria del embarazo por motivos médicos, lo que ha propiciado la reacción de muchos políticos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, la de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díez, han incidido en que el aborto debe ser un derecho seguro, público y gratuito.
No aumentan los abortos, pero sí la seguridad
Desde hace décadas, diferentes estudios han constatado que la despenalización del aborto y su acceso seguro en el sistema público de salud no han hecho aumentar las interrupciones voluntarias del embarazo en los países en los que se ha implementado, pero sí reducen considerablemente los riesgos para la salud de las mujeres.
En España, desde que se despenalizó completamente el aborto en el año 2010, la tasa de interrupciones se ha mantenido estable. Hace 11 años era de 11,71 por cada 1.000 mujeres, mientras que en 2019 (último dato disponible) era de 11,53.
En todo el mundo se estima que tienen lugar aproximadamente 56 millones de abortos inducidos anualmente, de los que unos 25 millones (un 45 %) se producen en condiciones inseguras. Como consecuencia, al menos 23.000 mujeres pierden la vida cada año.
