Así lo subrayó en un comunicado en el que recordó que, según el texto enviado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a Bruselas, se trataría de un «mecanismo de pago» para avanzar hacia «la internalización de los costes internos» bajo el principio del «usuario pagador» y de que «quien contamina, paga» y que sería implantado “de forma progresiva” primero en autopistas y autovías y posteriormente en el resto de vías.
La asociación defendió que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado e insistió en que la medida terminará “afectando más” a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que, a su entender, “sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública”.
Facua denunció que esta solución planteada por el Gobierno consistiría en un “auténtico copago o repago”, al “obligar” a los usuarios a “financiar” unas infraestructuras “que ya pagaron a través de los impuestos” y, en todo caso, supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica, lo que, según su criterio, “perjudica, una vez más, a aquellos con menor poder adquisitivo”.
En este sentido, puntualizó que el Gobierno sugiere implementar «reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos», pero no concreta dichas opciones.
TRANSPORTE PÚBLICO
Para Facua, la medida supondría también un “claro perjuicio” para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos y están obligados a usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios u hospitales y lamentó que no exista una “apuesta clara” por fomentar el uso del transporte colectivo “eficaz y eficiente” de manera que represente en la práctica una “auténtica alternativa” al uso del automóvil.
Tras precisar que la intención del Gobierno, según el texto remitido a Bruselas, es «generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero», instó al Ejecutivo central a garantizar un transporte público colectivo con infraestructuras “suficientes” y a un precio “asequible” como alternativa real al vehículo privado “si el impacto medioambiental es uno de los motivos” para poner en marcha esta medida.
