El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene previsto aprobar este martes el Consejo de Ministros para su remisión el viernes a Bruselas establece un calendario abierto sobre las reformas a acometer, donde la correspondiente al mercado laboral se impulsaría en primer lugar, seguida por la de pensiones para finales de este año o principios del que viene y dejando para el año 2022 el nuevo sistema fiscal.
Se trata de una hoja de ruta indicativa, ya que la exigencia de la Comisión Europea es que se consensúen previamente con el diálogo social, de ahí la falta de concreción de fechas, según explican fuentes gubernamentales a Servimedia.
Son las reformas más destacadas de un amplio abanico de cambios transformadores e inversiones ideadas para modernizar y potenciar la economía con cargo a los 140.000 millones de euros que recibirá España de la Unión Europea.
Junto al plan de miles de páginas que se ha elaborado en continuo contacto con las instituciones europeas, el Ejecutivo remitirá un cuadro macroeconómico que actualiza el facilitado con los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 y que quedó desactualizado por el frenazo a la reactivación económica causado por la tercera ola de Covid-19 y el daño provocado por la borrasca Filomena.
Su proyección es que el PIB crezca este año un 6,5% frente al impulso inercial del 7,2% estimado previamente y que podría llegar al 9,8% con los fondos europeos, pero amplía al 7% la expansión estimada para el año 2022, en la confianza de que se recuperará entonces el nivel precrisis. Para el bienio 2023-2024 augura que el PIB crezca un 3,5% y 2,1%, respectivamente.
Para conocer las previsiones en materia fiscal y de deuda del plan de Estabilidad y la senda fiscal hasta el 2024 que se remitirán a la Comisión Europea habrá, sin embargo, que esperar al viernes, que es cuando las presentará el ministerio de Hacienda.
Los grandes objetivos que persigue el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sus principales líneas de actuación los anticipó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado día 13, tras un primer análisis en el Consejo de Ministros y antes de explicarlo en el Congreso de los Diputados.
La ambición, en muy grandes rasgos, es que con su aplicación la economía sea capaz de crear 800.000 puestos de trabajo en tres años y elevar, de media, en dos puntos porcentuales el PIB nacional por medio del desarrollo de un amplio abanico de proyectos que, buscan, en último término, hacer más moderna, productiva y resistente a la economía.
El documento de más de 200 folios divulgado por entonces incluía un total de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 reformas, con 20 de ellas principales y entre las que figuran la reforma laboral, de pensiones y fiscal.
Sin embargo, el documento final que se elevará al Ejecutivo Comunitario para su aprobación será un informe mucho más detallado, con pormenorizada definición de las actuaciones y calendarios de aplicación, susceptible de superar las mil páginas.
España puede optar a hasta 140.000 millones de euros en fondos europeos en un plazo de seis años, pero ha decidido adelantar la llegada de los primeros 70.000 millones entre los años 2021-2023 buscando imprimir máxima aceleración en la ejecución de los proyectos.
La intención del Gobierno es, además, anticipar aquellos proyectos “más maduros” y con capacidad motriz de acelerar la recuperación económica y de empleo en los primeros años, frente a otros que comprometerán varios ejercicios en su despliegue o desarrollo.
Entre los que pueden tener un impacto más inmediato para dinamizar la economía figurarían la política de vivienda, todas las infraestructuras asociadas al despliegue de los corredores ferroviarios o el impulso de los trenes de cercanías, el reciclaje de aguas o la digitalización de pymes.
La idea sería ir abordando en paralelo aquellos otros proyectos que requieren de un mayor periodo de madurez y que irán fructificando más bien a partir del 2022-2023, etcétera, y entre los que pueden figurar la inteligencia artificial o el hidrógeno verde.
Si bien el mecanismo está diseñado para que los fondos vayan llegando a medida que se vayan cumpliendo hitos, la expectativa es que Bruselas apruebe el plan en junio y llegue ya un anticipo o primer pago en la segunda parte del año.
Para no frenar la puesta en marcha de los proyectos el Gobierno incluyó ya en presupuestos la posibilidad de gastar hasta 27.000 millones este año con cargo a esos fondos. Para lanzar la máquina ha puesto ya en marcha 15 manifestaciones de interés sobre distintos macroproyectos con las que persigue recabar opiniones de los diferentes actores e identificar los instrumentos, actuaciones o esquemas de colaboración público-privada idóneos para alcanzar los objetivos marcados.
