José Manuel Ramírez Navarro. Presidente ADYGSS
Según las certificaciones anuales de las Comunidades Autónomas en 2019 la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.607 millones de euros
- La aportación estatal se reduce aún más y se sitúa en el 16,1%, con 1.386 millones de euros. (El porcentaje más bajo desde el inicio de la ley)
- 7.948 € /año fue el gasto promedio por dependiente atendido en 2019, de los cuales, según los antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo 1.276 € en concepto de nivel mínimo garantizado, de lo que se deduce que financia con 106 € al mes por cada persona beneficiaria de la ley. Cada año el gasto medio ha ido disminuyendo, siendo este el menor valor desde el inicio.
La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 e incluso su participación porcentual bajo con respecto al año anterior, siendo el valor más bajo de la historia de la Ley de Dependencia. Es obvio que – independientemente de la inestabilidad política- alguien ha considerado otras prioridades.
Otro elemento crucial que no hay que perder de vista es el de la acusada desigualdad territorial. Las Comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son: País Vasco (368€), Extremadura (286€) y Castilla y León (261€), y las que menos Canarias (95), Galicia (142) y Baleares (143). Las que más incrementaron el presupuesto en el último año fueron: Baleares (+32%), C. Valenciana (18%) y Canarias (16%). Solamente el Principado de Asturias redujo el presupuesto en el último año, y Extremadura (1,6%) y Cataluña (2,2%) fueron las Comunidades que menos lo aumentaron.
El resultado final es la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000 personas pendientes de valoración. El sistema se encuentra en retroceso y la lista de espera baja por los 43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año (27.116 fallecidos en el “limbo de la dependencia”, personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla y 16.159 que murieron a la espera de ser valorados.)
La financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en 2012, es decir, apelando a circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad”. La aparente imposibilidad de atender a las personas más vulnerables está generando una situación tan cruel como la que provocó aquel Decreto. Situación que no termina de ser considerada, de “extraordinaria y urgente necesidad” ya que, no han dado lugar al tan ansiado Decreto Ley en sentido contrario y todo se fía a los próximos presupuestos necesitados de los difíciles equilibrios partidarios a los que nuestro Parlamento nos tiene acostumbrados.
Toca otra vez conformarse con el anuncio del incremento presupuestario de 600 millones de euros para el próximo año. El anuncio implicará –con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad- un incremento del gasto público anual que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la AGE para llegar así a una aportación global del 22% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto. Se debería considerar que esa inversión generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 240 M.€ (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades…)sin contar con los retornos inducidos.
Hasta entonces, a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio.
