Se trata de una nueva forma de financiación que ofrece un mayor número de ventajas para los funcionarios públicos, con el beneficio de poder conseguir el 100% de la hipoteca, en comparación con el 80% que suelen ofrecer las entidades bancarias.
En el momento que estalló la crisis financiera en el año 2008, las entidades bancarias cambiaron sus políticas de financiación, reduciendo el porcentaje total que solían ofrecer a los particulares. Antes de esta situación económica, los bancos apenas ponían problemas para ofrecer una hipoteca completa, sin embargo, tras esta crisis, decidieron pedir un mayor número de requisitos y reducir la cantidad hasta un máximo del 80%.
Los trabajadores de las administraciones públicas siempre han sido los que han tenido menores problemas para conseguir una de estas hipotecas, si bien es cierto, el porcentaje final solía ser el mismo que para los demás particulares. Sin embargo, en la actualidad, se han creado algunas opciones para poder optar al 100% de esta financiación, ofreciéndoles un mayor número de ventajas.
En este sentido, con las hipotecas para funcionarios, los empleados públicos malagueños tienen la posibilidad de acceder al 100% de este tipo de financiación, lo que se traduce en contar con una mayor comodidad en el momento que se decide a comprar una vivienda.
¿Cómo acceder a una hipoteca de estas características?
Lo primero que hay que tener en cuenta para acceder a una de estas hipotecas, es que se debe presentar un perfil financiero bastante solvente. En este caso, los funcionarios de carrera son profesionales que cuentan con mayores ventajas, ya que esa solvencia no solo la tienen en el presente, sino también en el futuro. En base a esto, tienen la oportunidad de conseguir el 100% de una hipoteca, siempre que cumplan una serie de requisitos.
Sin deudas
Es una de las principales premisas, la solvencia de un funcionario no solo se traduce en contar con un buen puesto de trabajo y una buena economía, también debe presentar un perfil sin deudas, entre las que se incluyen otros créditos bancarios o préstamos que hayan podido solicitar en el pasado.
Compromiso
En el caso de que un funcionario pida una hipoteca del 100% y la entidad bancaria no tenga claro otorgársela, la persona interesada puede aumentar su compromiso con el banco solicitando otros productos financieros. De esta manera, las garantías con respecto a la entidad serán mucho mayores. Cuando se habla de otros productos financieros se está haciendo referencia a opciones como crearse un plan de pensiones o contratar un seguro, entre otras cosas.
Más garantías
Se trata de otro de los requisitos fundamentales, ya que el funcionario debe ofrecer a las entidades bancarias diversas garantías para tener acceso a la hipoteca completa. Presentar un aval es una de las formas más comunes, ya sea con los propios bienes o ahorros del interesado o incluso con el apoyo de una tercera persona.
¿Todos los funcionarios pueden contar con esta hipoteca?
No todos los funcionarios van a tener acceso directo a las hipotecas del 100% puesto que, para poder solicitarla y no tener ningún tipo de problema, es fundamental que la persona tenga una oposición debidamente aprobada y que su nombramiento sea público, es decir, que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta manera, las entidades bancarias tienen la posibilidad de acreditar el cargo que ostenta dicha persona, como funcionario público.
Hay que tener claro que, las personas que estén interesadas en una de estas hipotecas, siempre deben demostrar que son funcionarios por aprobar una oposición, por lo que no tendrán acceso a ellas personas que simplemente trabajen en un cargo público.
¿Hay diferenciar con respecto a los plazos de amortización?
A pesar de que estas hipotecas presentan diferencias con respecto a las personas que pueden solicitarlas, en el caso de los plazos de amortización, las condiciones son iguales a otros préstamos. Habitualmente, este plazo se suele situar en unos 30 años, sin embargo, las entidades permiten la posibilidad de alargarlo hasta los 40. En cualquier caso, la edad máxima de amortización de una persona no puede superar los 75 años.
