- Andalucía tiene 12 de los 15 barrios más pobres y 11 de las 15 ciudades con mayores tasas de paro del Estado español
- Propone dotar a los barrios de planes de recuperación y desarrollo, reactivar AVRA y un compromiso con los servicios públicos de calidad
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha reclamado como “inaplazable” el rescate a las personas en Andalucía, debido a la cronificación de la pobreza, “consecuencia directa de la aplicación de las políticas de austeridad”.
Esta realidad se desprende de los datos del barómetro de Indicadores Urbanos 2020 publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que mide la calidad de vida de los municipios mayores de 20.000 habitantes en Europa, y que ha sido totalmente rebasada por la aplicación del estado de alerta por el COVID-19.
La organización teme que estos datos serán desproporcionadamente peores el próximo año, pues son previos al estado de alarma, que ha afectado con mayor crudeza a la población más vulnerable de la comunidad autónoma. El informe constata, no obstante según APDHA, el estado de emergencia social que ya azotaba a Andalucía justo antes de la crisis del coronavirus, situando a la comunidad a la cabeza de la desigualdad del país, con 12 de los 15 barrios más pobres del Estado español, de hecho, cuatro de los cinco más pobres son andaluces, liderados por los sevillanos Polígono Sur y Los Pájaros-Amate.
La región también ostenta en 2019, 11 de las 15 ciudades con mayores tasas de paro del territorio nacional. Al igual que años anteriores, Linares (30,9%) y La Línea de la Concepción (27,4%) encabezan el ranking, y se le agrega en esta ocasión Córdoba en tercer lugar, con el 26,7%.
Asimismo, 12 de los 15 municipios con menor renta anual por habitante también están en la comunidad andaluza. Los dos primeras, al igual que años anteriores, son Níjar (Almería), ahora con 6.755 euros, y Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con 7.027 euros, seguidos de Vícar (Almería), con 7.051 euros. Por el contrario, Pozuelo de Alarcón en Madrid, con sus 25.903 euros, casi cuadriplica estas rentas.
Además, de las 15 ciudades que detalla el informe con menor esperanza de vida, nueve se encuentran en Andalucía y casi la mitad en Cádiz (La Línea de la Concepción, Cádiz, Algeciras, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Jerez y Chiclana de la Frontera). De ellas, La Línea de la Concepción fue la única de las 126 ciudades estudiadas con una esperanza de vida al nacimiento inferior a 80 años.
Para APDHA, “si a estos datos les sumamos el elevado número de lanzamientos habitacionales – 8.252 en el pasado año 2019 (a una media de más de 22,6 desahucios diarios, según el Consejo General del Poder Judicial–, la cantidad creciente de familias que se ven obligadas a ocupar una vivienda por falta de ingresos suficientes para afrontar un alquiler de renta libre y la inexistencia de viviendas públicas en régimen de alquiler social, nos enfrentamos a una situación de emergencia habitacional”.
A ello se le añade, inciden desde la asociación, que “la ya por sí insuficiente, burocrática y excluyente Renta Mínima de Inserción, concebida por la Junta de Andalucía como solución frente a estas carencias, tampoco está a la altura”. Lamentan además, que hasta abril de este año habían accedido a ella en Andalucía un total 40.870 personas (sólo el 6% de sus posibles beneficiarios) con un ingreso medio de 419,52 € frente a, por ejemplo, 120.000 habitantes vascos con 645€ por beneficiario. “Estas rentas coexisten con otra maraña de ayudas de organismos públicos y privados que condiciona y complica el acceso a un ingreso digno”, critican.
Todo esto, aseguran, motiva que buena parte de los más de 3,2 millones de andaluces y andaluzas (38,2% según el último indicador AROPE) en riesgo de pobreza y/o exclusión social “están hoy abandonados por las administraciones públicas, instituciones concebidas por el Estado de derecho como garantes del cuidado y auxilio de las personas más desprotegidas”.
Explican, desde la asociación, que esta situación de inacción y abandono se acrecienta enormemente en las barriadas periféricas donde la juventud está siendo arrasada por el paro y las adicciones, convirtiéndose en fácil presa de las redes delictivas. Esta es una de las causas del incremento de la inseguridad en los barrios empobrecidos, enrareciendo con ello la necesaria convivencia vecinal. “Los sectores menos favorecidos ya han demostrado suficiente dosis de paciencia y disciplina ante el duro confinamiento. No se les puede exigir más teniendo en cuenta el previsible deterioro económico que afrontaremos cuando entremos en la nueva normalidad”, asegura la organización, que ve en la Renta Básica Universal la solución más sencilla e inmediata a implementar.
APDHA propone medidas como poner en el centro las personas y los cuidados, dotar a los barrios de planes de recuperación y desarrollo -con la consideración urgente de la Comisión de Estudio sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía del Parlamento Andaluz- cuya eficacia sólo puede garantizar la participación y seguimiento vecinal, reactivar la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para que cumpla su función gestora y reguladora del parque público de vivienda en beneficio de vecinos y vecinas, y fijar un compromiso con unos Servicios Públicos de calidad, protegidos por ley y con presupuestos suficientes, dado que pese a los recortes sufridos, se han demostrado esenciales para enfrentar esta crisis.
