Adelante Málaga vuelve a traer al Ayuntamiento un conflicto laboral, que tan sólo en la capital afecta a casi un centenar de personas, casi el 90 por ciento mujeres e incide directamente en el alumnado con necesidades especiales, según ha explicado el portavoz de la coalición, Eduardo Zorrilla.
El edil ha presentado na moción en defensa del colectivo, junto a la viceportavoz, Paqui Macías, y dos representantes de las trabajadoras, Luz Marina Piñero y Marta Rodríguez.
Se trata de empleadas del denominado Personal Técnico de Integración Social (PTIS), cuyo servicio fue externalizado por la Junta de Andalucía en 2007, dándose la circunstancia de que conviven en un mismo centro trabajadoras dependientes de una empresa privada y otras de la Administración, con diferencia de horarios, contratos, salarios, derechos, etc.
La mayoría lleva muchos años en el puesto de trabajo, algunas entre 10 y 15 años, y se encuentran con contratos a 55 días vista y sin saber qué ocurrirá con el colectivo, explica Zorrilla, que ha recordado que, al mismo tiempo, se produce una merma en la calidad del servicio que se presta al alumnado. “Por poner un ejemplo, si los escolares tienen una excursión y vuelven a las dos de la tarde, los alumnos y alumnas con necesidades especiales no pueden acudir porque las monitoras tienen un contrato que acaba a la una, porque existe una limitación en la contratación”.
Esta situación la padecen 1.300 personas en Andalucía, 200 en la provincia y casi un centenar en la capital.
Hace algo más de tres años, la Intervención General de la Junta de Andalucía dictaminó que el servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales debía ser atendido por personal propio de la Junta, al tratarse de una necesidad estructural, e invitó a la Consejería de Educación a que, en 2022, todo el personal con la categoría PTIS que presta servicio de atención mediante empresas privadas, se reintegrara en la plantilla de empleados públicos.
Sin embargo, la Consejería de Educación ha dado atrás y el personal se encuentra en estos momentos en una situación de indefensión total. A ello se une que se ha creado una bolsa en la que la baremación no reconoce a estas trabajadoras los años prestados en los centros educativos públicos con la misma puntuación que a una persona interina de la Administración, de manera, que “tenemos muy difícil acceder”, señala Marta Rodríguez.
Zorrilla ha anunciado el apoyo de la coalición de Izquierda Unida y Podemos a la vez que alerta de que los escolares perderán la experiencia de estas mujeres y ha anunciado que además de la moción, estarán apoyando a las afectadas en las movilizaciones que tienen convocadas para el mes de febrero.
Paqui Macías explica que la iniciativa de Adelante Málaga pretende mostrar la solidaridad del Ayuntamiento, pero también exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con la normativa, ya que la Ley de Contratos del Sector Público establece que cuando el servicio es prestado directamente por la administración, ésta debe subrogar a trabajadores y trabajadoras de la empresa. “Es una cuestión de sentido común y de justicia para las trabajadoras y para los niños con los que trabajan, que se ven discriminados, puesto que si no hay quien les acompañe no podrán asistir, por ejemplo, a las actividades extraescolares”.
La moción (que se adjunta) también reclama que se cambien la baremación para que las trabajadoras tengan la misma puntuación en igualdad de condiciones.
