La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado hoy, Día de los Derechos Humanos, un retroceso en la ya maltrecha realidad social en Andalucía desde la entrada del nuevo Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox hace ahora un año.
La organización ha hecho una radiografía de la situación en la comunidad autónoma en el año 2019 y detecta un deterioro de los avances logrados por consenso social como los que tienen que ver con los derechos de la mujer o el desmantelamiento progresivo de la sanidad o la educación públicas. Además, observan cómo las personas en mayor situación de vulnerabilidad y las migrantes ven sus derechos aún más conculcados y se incrementa la brecha social, ya de por sí amplia en Andalucía.
La asociación analiza un contexto en el que un 38,2% de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza, con 11 de las 15 ciudades con mayor desempleo de España y con 3,1 millones de personas malviviendo en la comunidad. La organización denuncia un creciente deterioro de los servicios sociales y la persistencia de situaciones inasumibles en el acceso a la vivienda, con precios prohibitivos de alquiler y vivienda pública a precio de mercado. La realidad, explica APDHA, cristaliza en que existen 25,6 desahucios diarios de media, a tenor de los datos del Consejo General del Poder Judicial, que miles de familias se ven obligadas a ocupar viviendas en Andalucía, según entidades que trabajan con estas personas, y que es inaceptable la presencia de asentamientos chabolistas, especialmente en zonas agrícolas, y de numerosas personas sin hogar durmiendo en la calle.
En el año del nuevo Gobierno formado por PP, Cs y Vox, la organización ha detectado un incremento del racismo institucional evidenciado, por un lado, por la criminalización de la población migrante en los discursos políticos y por la “intolerable decisión” de ceder los datos sanitarios y sociales de las personas extranjeras en situación irregular a la Policía y Guardia Civil para facilitar su localización y expulsión. Y por otro, en que los derechos de la infancia migrante son sistemáticamente ignorados, sin reconocer el interés superior del menor.
Además, la asociación critica en educación la supresión de 411 aulas de Infantil y Primaria, el desmantelamiento de escuelas rurales y el aumento planificado del número de alumnas y alumnos por clase, de las 25 marcadas por ley se llega a ampliar hasta 28 en más de 700 aulas en Andalucía, razones que han ocasionado numerosas movilizaciones desde el inicio del curso. Asimismo, continúan las privatizaciones y externalizaciones en los servicios de catering, limpieza y monitores escolares.
Respecto a sanidad, la organización asegura que se ha intensificado la depauperación que ya existía del sistema sanitario, que perdió con los recortes 9.000 millones de euros y 7.000 profesionales sanitarios. También reprueban la promoción de la sanidad privada en detrimento de la pública con medidas del nuevo Gobierno como la eliminación del complemento de exclusividad, con el que se incentivaba que los médicos trabajaran exclusivamente en el sector público, y la intención, a través de un borrador de decreto ley, de permitir que los cargos intermedios compatibilicen su actividad pública con la privada, con los consiguientes conflictos de intereses que pueden producirse.
La sanidad en prisión es una de las principales preocupaciones de APDHA por el elevado número de muertes en las cárceles andaluzas. Durante el año 2018, ascendió a 77 personas siendo, por tanto, la comunidad autónoma donde más fallecimientos se produjeron, según datos del Gobierno. Además, resulta preocupante la falta de personal sanitario, las bajas que no se cubren por norma, la ausencia de historial médico de los pacientes, la dispensación de medicamentos sin control y la pérdida de consultas y citas médicas hasta del 30% en algunas prisiones.
En cuanto a igualdad, afirman desde APDHA, el Gobierno andaluz niega la existencia de discriminación, sobreexplotación y violencia de género, como claramente se manifiesta en la aprobación del presupuesto, que desplaza competencias y recursos hacia la promoción de un único modelo de familia, las ayudas al llamado teléfono de violencia intrafamiliar, en detrimento de competencias y recursos destinados a igualdad. Asimismo se han eliminado conceptos como violencia de género o brecha salarial, se han suprimido partidas de los presupuestos y se generaliza una vuelta atrás en el papel que debe desempeñar la mujer en la sociedad, desde una visión asistencialista, lo que supone un claro retroceso y un recorte de derechos adquiridos, afirman desde APDHA.
Según la organización, “este Gobierno ha hecho una labor de ingeniería presupuestaria para encubrir en los presupuestos de 2020, un recorte global en las políticas de igualdad de un 1.404.207 euros, según se extrae de la comparativa. Es significativo, mantiene la asociación, cuánto le preocupa al nuevo Gobierno la violencia de género, cuando hacen desaparecer el presupuesto destinado al Observatorio Andaluz de Violencia de Género”.
Por último, en lo que se refiere a represión, asegura APDHA, el pasado año Andalucía registró un aumento de un 20% de sanciones basadas en la Ley Mordaza, con un incremento del 22% en la recaudación, que superó la cifra de los 54 millones de euros, según datos facilitados por el Ministerio de Interior. La APDHA destaca, además del incremento en la imposición de multas por la protesta, la creciente prohibición “sin pudor y sin la menor justificación”, de concentraciones que no entrañan el menor riesgo de producir alteraciones del orden público, pese a cumplir con todos los requisitos y procedimientos. “Una respuesta represiva necesaria para mitigar la natural reacción de los sectores a los que se les limitan o directamente se les retiran sus derechos y que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía seguiremos reclamando”, advierten.
Por todo ello, en el día de hoy y durante toda la semana se celebrarán un total de 17 actos y movilizaciones en Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla para “poner de relieve este retroceso y reclamar los derechos que han sido sustraídos”, concluye APDHA.
