Critica el papel instrumental que ha tenido la acusación por rebelión durante el proceso.
- Condena cualquier activación del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Nacional.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha publicado una nota de prensa en la que denuncia que la sentencia del procés criminaliza el ejercicio de los derechos fundamentales en todo el Estado y rechaza cualquier tipo de violencia, en especial, la violenta represión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado con la que se ha respondido a las movilizaciones tras la sentencia.
Según la asociación, “la argumentación seguida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo permite equiparar el ejercicio de derechos fundamentales con un acto sedicioso”. Esa equiparación, continúan, “provoca un efecto de desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales, esto es, una forma de disuasión a la hora de realizar actos de protesta”. Denuncia además “la grave lesión que ello supone a las garantías sobre las que se sustentan las herramientas con que las entidades sociales desarrollamos nuestra acción”.
En este sentido, desde la organización apuntan que “uno de los elementos más graves de la sentencia es la desproporción existente entre los hechos probados y las penas impuestas”. La sentencia, que resuelve que las personas acusadas son culpables de sedición y establece penas entre 9 y 13 años de prisión, “realiza una interpretación extensiva de ese delito hasta el punto que acaba afectando al derecho de reunión y manifestación”, critican desde APDHA. “Se trata, por otra parte, de un delito que debería encontrarse derogado desde hace décadas” sostienen.
Ya con anterioridad, la organización apuntó en rueda de prensa “las irregularidades que impregnaban el procedimiento y que al no ser subsanadas anticipaban un resultado negativo para la protección y garantías en el ejercicio de las libertades democráticas en todo el territorio español”.
Por otra parte, desde la entidad también critican el papel instrumental que ha tenido la acusación de rebelión, ya que, a pesar de no ser la pena finalmente impuesta, “esa acusación activada por Fiscalía ha permitido cortocircuitar el derecho al juez natural que establece la Constitución a favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.
De acuerdo con la asociación, dicha acusación “ha permitido, además, imponer unas medidas cautelares durísimas como el mantenimiento de la prisión preventiva aplicada de forma especialmente inhumana y cruel, en contra incluso de las recomendaciones del grupo de trabajo del comisionado contra la detenciones arbitrarias de la ONU”.
Por otra parte, han rechazado el “uso de cualquier tipo de violencia” y hacen “un llamamiento a que la movilización sea pacífica”. Al mismo tiempo también han criticado “la violenta represión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado (tanto Policía Nacional y como Mossos) con la que se ha respondido a las movilizaciones en Catalunya tras la emisión de la sentencia”. Como han apuntado desde la asociación, “el dispositivo Som Defensores para la defensa y protección de los derechos humanos ha recogido numerosos casos de lesiones durante las protestas por impacto de proyectiles de foam, porrazos en la cabeza y diversas lesiones a manifestantes y profesionales de los medios de prensa, así como la utilización de pelotas de goma y ausencia de los números de identificación obligatorios en los uniformes de los agentes”.
Finalmente, llaman la atención sobre la reiterada represión con la que se está afrontando el descontento social y político en Catalunya. A su juicio, la sentencia ahonda aún más las heridas en Catalunya, dificultando la convivencia allí y con el resto de Estado. “Nos preocupa mucho -señalan desde la asociación- cómo estas actuaciones se están convirtiendo en habituales para abordar una realidad cada vez más crispada y a la que se está respondiendo con fórmulas cada vez más autoritarias y antidemocráticas”.
Por ello, rechazan “cualquier activación del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Nacional” e insisten en el efecto que la situación supone para toda la ciudadanía, “que está siendo violentada a través del flagrante retroceso de los derechos fundamentales que sustenta cada vez con mayor debilidad nuestro Estado de derecho”.
