Adelante Málaga, confluencia de Podemos e Izquierda Unida, ha solicitado la comparecencia de la concejala responsable de Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, para que explique la ausencia de regulación de la actividad económica de las empresas de alquiler de patinetes.“La desregulación de los patinetes eléctricos no sólo ha provocado un caos circulatorio y pone en peligro la integridad física de nuestros vecinos, sino que ha generado una enorme pérdida de ingresos para el Ayuntamiento” declaró el portavoz del grupo, Eduardo Zorrilla.
Si bien la administración local es incapaz de determinar el número exacto de unidades existentes, ya son ocho las empresas que operan en Málaga ( Voi, Lime, Ufo, Tier, Wind, Eskay, Bird y Movo) según distintos cálculos, hay más de 2.000 patinetes eléctricos en circulación en la vía pública.
Los cálculos realizados por Adelante Málaga, basados en información de las empresas, teniendo en cuenta el volumen de vehículos y de trayectos realizados, el conjunto de empresas de alquiler de patinetes eléctricos en Málaga podría estar ingresando entre 8.000 y 10.000 euros diarios, lo que supone entre 240.000 y 300.000€ euros al mes y entre 2,8 y 3,6 millones de euros al año.
El grupo Adelante Málaga urge al equipo de gobierno a establecer un criterio para regular la actividad económica de unas empresas que están obteniendo ingentes beneficios mediante la ocupación de vía pública sin ninguna repercusión económica para las arcas municipales. Ya sea mediante una concesión de licencias a las que opten un número limitado de empresas, y estableciendo su correspondiente canon, o bien fijando una tasa específica. “Lo que no puede ser es que haya empresas que hagan suculentos negocios mediante el uso de la vía pública y no paguen ni un euro” sentenció el concejal Nicolás Sguiglia.
Sevilla ha sido de los últimos ayuntamientos en establecer una regulación del funcionamiento de estas empresas, fijando una tasa de 1euro al día por cada patinete en circulación, poniendo límites tanto al cupo de operadores como a la cantidad de patinetes y estableciendo criterios claros en materia de circulación y aparcamiento.
Zaragoza estableció el año pasado un máximo de patinetes que pueden circular en la ciudad (1.700) y estableció una regulación mediante licencias a través de concurso público, por el que las empresas tienen que pagar un canon de 30.000 euros anuales, incluyendo además en la licitación clausulas para fomentar la calidad del empleo.
En Valencia se ha propuesto una tasa que grava el uso del espacio público por parte de las empresas de alquiler de patinetes, por la cual deberán abonar anualmente una cantidad anual que oscila entre los 60 euros y los 70 euros en función del tamaño del patinete. De aplicarse una tasa similar en Málaga, donde se calcula que hay más de 3.000 patinetes en circulación, supondría unos ingresos anuales de entre 180.000 y 210.000 euros.
El equipo de gobierno está teniendo una actuación negligente y “el retraso en la regulación general por parte de la Dirección General de Tráfico no impide que las áreas de urbanismo, movilidad y vía pública se coordinen y establezcan una regulación que es ya urgente en nuestra ciudad”, concluyó Sguiglia.
