Reclamar el derecho a la energía como un derecho humano y fundamental es urgente ante los datos crecientes y alarmantes sobre la pobreza energética en nuestro país.
Por ello, Ecologistas en Acción ha publicado el informe «De la vulnerabilidad energética al derecho a la energía» que evalúa desde la óptica del derecho los distintos instrumentos legislativos nacionales e internacionales sobre la pobreza energética. Unas medidas insuficientes que aún no parecen capaces de garantizar la plena efectividad de un derecho a la energía.
Tal derecho parte de la consideración de la energía como un bien común y no una mercancía, cuyos titulares son los individuos y los grupos. Se trata de un derecho que, como los de última generación, giran en torno a la solidaridad, que puede ser sincrónica, puesto que nuestras decisiones pueden afectar a otros y otras en el presente, y diacrónica, puesto que también afectarán a las generaciones futuras. Dicho derecho humano es compatible con un sistema político en el que los poderes públicos den cabida y se nutran de la participación de una sociedad informada y organizada como verdadera protagonista del cambio.
El agotamiento de los recursos fósiles, el escenario de crecimiento energético, la alta dependencia del exterior, el cambio climático y el aumento de la pobreza energética hasta niveles antes nunca vistos en nuestra sociedad nos hace configurar el derecho a la energía como un derecho humano a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna para todas y todos.
