Zorrilla exige al alcalde que busque soluciones como han hecho otros ayuntamientos de izquierdas
Cerca de 20.000 familias demandan una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Málaga, según datos oficiales, de las que más de 1.500 están catalogadas como con necesidades urgentes. 18.300 están inscritas en el Registro de Demandantes del Instituto Municipal de la Viviendas (IMV) y más de 1.500 en el censo de Familias con Riesgo de Exclusión Social. A ellas hay que añadir muchas más que no están contabilizadas, ha alertado el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla.
El edil ha apuntado que la Vivienda es el segundo problema, por detrás del desempleo, de la ciudadanía malagueña y si las administraciones central y andaluza han abandonado totalmente la iniciativa, el Ayuntamiento de la capital no se queda atrás.
Con la excusa de la crisis (calificada como estafa por IU) tanto Junta de Andalucía como Gobierno central han dejado de invertir en vivienda y el Consistorio de Francisco de la Torre no aporta solución.
Según las estadísticas de viviendas visadas para la provincia durante 2018, de las 7.678 que se proyectaron, solo un 4% (302) son VPO, cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que debe de ser del 30%. En el caso de la capital, únicamente se visaron 224 VPO que aún están en construcción (de Junta y Ayuntamiento)
Según la información que ofrece en su página web la Sociedad Municipal de Viviendas, los proyectos pendientes del equipo de gobierno y que se encuentran paralizados y en el aire desde hace años suman un total de 12 promociones con 1.064 viviendas previstas, de las que 1.001 están previstas en los suelos que fueron urbanizados hace una década para acoger un nuevo barrio de pisos protegidos, semejante a Soliva, en terrenos situados al oeste de la ampliación del campus universitario de Teatinos. Se trata de promociones cuya construcción fue diseñada hace más de una década y que el equipo de gobierno municipal no ha iniciado hasta ahora, pese a incluir parte de esos proyectos en los presupuestos de los últimos años.
Zorrilla criticó que el equipo de gobierno del PP incluya año tras año en su proyecto de presupuestos la construcción de VPO con el objetivo únicamente de hacerse publicidad, de forma de aumenta (artificialmente) lo presupuestado para inversiones y también para gasto social, ya que considera (erróneamente) que construir VPO es un gasto social. Luego simplemente no se ejecutan estos proyectos y se vuelven incluir en el presupuesto siguiente consiguiendo el mismo efecto mediático, lo que supone un fraude político y un engaño a las personas que esperan esos pisos. En 2017 el equipo de gobierno destacó y subrayó su apuesta por las VPO en los presupuestos, con 504 viviendas, consignando 7’7 millones de euros. No se ha hecho casi ninguna y en el presupuesto para 2018 se volvieron a consignar 9’7 millones de euros para VPO que tampoco se han hecho.
Existen ejemplos de ciudades gobernadas por la izquierda que han buscado soluciones a este problema, como es el caso de Zaragoza, Barcelona o la Comunidad de Navarra, acudiendo al Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuyas condiciones son mucho más beneficiosas para los ayuntamientos que las que pueden encontrar en las entidades financieras privadas
Zorrilla ha criticado a partidos como el PP que se denominan asimismo como constitucionalistas y “para asuntos tan importantes como el derecho a una vivienda que contempla la Constitución, se olviden de ella”.
El portavoz de IU-MPG ha exigido al PP en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía y al PSOE en el Gobierno Central que destinen fondos suficientes para poner en marcha un plan estatal y autonómico de vivienda y suelo que dote a los consistorios de financiación y ventaja para acometer promociones en régimen de alquiler. El edil ha aludido al alcalde de Málaga y su constantes críticas al gobierno andaluz ”hasta hace dos meses” y espera que ahora sea igual de beligerante para defender a su ciudadanía. Y le pide que no se quede esperando, que emule a esos otros consistorios y acuda al BEI, por que “el IMV no puede hacer más de lo que hace con los escasos presupuestos que se destinan y hay miles de familias esperando”.
