La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 18 personas, entre ellas un guardia civil destinado en la localidad malagueña de Algarrobo y un agente de la Policía Local del vecino municipio de Nerja, a diferentes penas de prisión, que oscilan entre los dos y los 12 años, por un delito contra la salud pública, cometido en el seno de una organización criminal que se dedicaba a introducir droga en España por mar procedente de Marruecos.
La detención de los procesados se produjo a raíz de una operación desarrollada en febrero de 2014 por la Guardia Civil en Nerja, que se saldó con la incautación, entre otros efectos, de una tonelada y media de hachís que la organización iba a alijar en una finca situada en la zona de los acantilados de Maro.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que este grupo criminal, activo desde 2013 y que estaba «perfectamente estructurado de manera jerárquica», planificó y organizó diversas operaciones de introducción de droga en España empleando embarcaciones que debían descargar el estupefaciente en la citada zona de acantilados.
Según el pronunciamiento judicial, la actividad de la organización contaba con la cobertura de un agente del instituto armado, destinado en la unidad que se encarga de vigilar el litoral para detectar embarcaciones, el cual facilitaba al jefe del grupo sus turnos de trabajo «para que las operaciones tuvieran lugar en los días que él estaba de servicio, a fin de que las embarcaciones llegaran cuando ya se había retirado el servicio».
De igual modo, la organización recibía la ayuda de un agente de la Policía Local de Nerja, quien, según la sentencia, efectuaba controles por carretera para dar seguridad a las operaciones «y asimismo facilitó una finca que tenía arrendada y que daba directamente a la zona en la que solía alijarse la droga, como lugar para la guarda de la sustancia», si bien el alijo que derivó en las detenciones se efectuó en otra parcela.
El grupo también contaba con un antiguo agente del Cuerpo Nacional de Policía, expulsado en su día del mismo por condena firme por tráfico de drogas, quien «tenía la misión esencial de dar seguridad a la zona del alijo correspondiente, mediante recorridos en vehículo por las carreteras próximas a la intervención para avisar de posibles vehículos policiales que pudieran frustrar la operación».
Tanto el guardia civil como el policía local han sido condenados a ocho años de prisión, multa de 8,5 millones de euros e inhabilitación absoluta durante 15 años, mientras que el exagente de la Policía Nacional, al que se le ha aplicado el agravante de reincidencia, se le impone diez años de cárcel, 8,5 millones de multa e inhabilitación absoluta.
En cuanto a los principales responsables de la organización, dos de ellos han sido condenados a 12 años de prisión y multa de 8,5 millones de euros, mientras que el tercero deberá cumplir tres años y seis meses de cárcel y abonar una multa de 2,2 millones de euros. Al resto de procesados se le imponen penas de entre dos y seis años de cárcel.
