Una veintena de organizaciones agrupadas en la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga han presentado hoy un informe que analiza en profundidad la reclusión de 572 migrantes durante 52 días en la cárcel de Archidona donde hubo deficiencias gravísimas y vulneraciones de los derechos humanos.
“No queremos que sucesos como este vuelvan a repetirse”, ha dicho en el portavoz de la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga, Gabriel Ruiz, durante la presentación del informe “Cárcel de Archidona: un agujero negro de los derechos humanos”, que recoge testimonios de abogados, traductores y de un interno en una crónica sobre el encierro de los migrantes del 20 de noviembre de 2017 al 10 de enero de 2018.
Ruiz advirtió de que “en un día como hoy, el Día del Migrante, no se nos puede olvidar lo que pasó en la cárcel de Archidona hace justo un año y que sólo tiene un nombre, que es racismo, el peor cáncer del siglo XXI”.
“Me dolía mucho verles así. A personas que vienen a buscarse la vida no las puede tratar como presos. No habían cometido ningún delito sino que vinieron a encontrar un futuro”, ha afirmado Majot, una mujer voluntaria en calidad de intérprete de los abogados que visitaron a internos en el centro penitenciario Málaga II.
A Majot le impresionaba “verles acercarse con las manos cogidas atrás custodiados cada uno por dos agentes antidisturbios vestidos de negro con cascos, botas, como si acompañaran a una persona que hubiera cometido un gran delito”.
Majot, que ha seguido en contacto con algunos de los internos y sus familiares tras el desmantelamiento de la cárcel, ha indicado “la situación traumática que arrastraban tras los tratos vejatorios e inhumanos”.
“No era un CIE sino un Centro de Indignidad Español”, ha aseverado Francisco Matas, uno de los abogados del turno de oficio del Colegio de Abogados de Antequera que atendieron a internos en la cárcel en esos días en los que murió uno de los internos, Mohamed Bouderbala, dentro de su celda.
Matas ha apuntado las “numerosas deficiencias” que encontró en la prisión donde los abogados “no teníamos ninguna intimidad para entrevistarnos con los internos y pocas veces había un traductor”.
La situación fue, según ha descrito, “fue muy dura” porque “hacía frío, llamaban con porras a las puertas como si los migrantes fueran animales y no personas, no había agua potable” y ha criticó “tintes racistas” por parte de los funcionarios “que me dijeron que me pusiera mascarilla y guantes” refiriéndose a los internos con comentarios despectivos.
También se ha referido a la resistencia inicial de las autoridades a hacer las pruebas de minoría de edad a jóvenes que finalmente resultaron tener menos de 18 años y que “estuvieron al menos 35 días conviviendo con personas adultas”.
Once menores permanecieron encarcelados en la cárcel de Archidona y hubo 63 inmigrantes solicitantes de asilo, según recoge el informe que destaca como “algo positivo” la movilización social y política que se produjo para liberarles.
Ahora con la cárcel abierta para sus fines ya como centro penitenciario “nos seguimos preguntando quién reparará los daños a los 572 migrantes y a sus familias”, ha cuestionado Manmen Castellanos, de Málaga Acoge.
