La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha mantenido en el último mes una serie de reuniones con candidatos y representantes de los cuatro grupos parlamentarios, para hacerles entrega de un decálogo de demandas para su consideración a lo largo de la próxima legislatura autonómica andaluza.
El documento elaborado por esta plataforma, compuesta por 53 entidades sociales de toda Andalucía, plantea una serie de propuestas y medidas «de obligado cumplimiento» para el futuro Gobierno andaluz y los partidos de la oposición, en diez ámbitos distintos como son: pobreza y exclusión, renta mínima, vivienda, empleo, género, infancia, fiscalidad, derechos humanos, educación y tercer sector.
El objetivo de presentar este decálogo a las diferentes formaciones, según la organización, es el de «obtener el compromiso de que estas medidas en materia de inclusión social serán tenidas en cuenta para facilitar y orientar la labor de los grupos parlamentarios», ha señalado el presidente de EAPN-A, Juan Reyes.
El texto, que parte de la perspectiva de género, el lenguaje claro, el respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades como principios rectores, es una guía para incidir en la transformación de las políticas públicas, que «deben revertir la situación de las personas vulnerables en Andalucía y hacer que la región avance, mejorando en ciertos indicadores que la sitúan por debajo de la media estatal y europea», según Reyes.
El primer punto del decálogo está dedicado al riesgo de pobreza y exclusión, respecto al cual EAPN-A demanda un Plan Andaluz Contra la Pobreza que contemple la reducción en 15 puntos de este indicador al final de la legislatura, lo que supondría reducirlo del 37,3% actual (3,1 millones de personas en Andalucía) al 22,3% en 2022 (1,8 millones). Asimismo, se plantea disminuir el porcentaje de personas en situación de pobreza severa, que viven con menos de 355 euros al mes, pasando del actual 9,2% (770.000 personas en Andalucía) al 4,2% (385.000).
«DERECHO REAL» A LA RENTA MÍNIMA
La renta mínima de inserción sociolaboral es otra de las demandas del documento, con la que se busca garantizar que sea «un derecho real para todas las personas que se encuentren en situación de pobreza extrema», ofreciéndoles además apoyo para facilitar su inserción y evitando que el empleo transitorio conlleve la pérdida del subsidio. EAPN-A reclama que al menos se llegue a las 42.000 familias andaluzas para las que en principio estaba destinada la RMI aprobada a finales del pasado año, simplificar el proceso administrativo e implantar un sistema continuo de transparencia y rendición de cuentas.
En tercer lugar, el decálogo de esta plataforma habla de la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda y luchar contra la exclusión residencial, para lo que se propone una «estrategia integral».
Así, EAPN-A apunta a incrementar el parque de vivienda público y social de forma que al menos un 15% del total se destine a vivienda protegida, «una de las herramientas con que las administraciones públicas pueden influir en los precios». Además, se pide la aprobación de una Estrategia Andaluza para Personas Sin Hogar, así como erradicar el chabolismo y la infravivienda con medidas de realojo y contra la pobreza energética.
Las políticas activas de empleo protagonizan el cuarto apartado, donde se apuesta por medidas específicas de inclusión sociolaboral, dirigidas a las personas con mayores dificultades de empleabilidad o en situación de precariedad laboral. Se demanda la reducción de la tasa de temporalidad (que es del 36% en Andalucía) en al menos 10 puntos al final de la legislatura, instando además a garantizar el empleo protegido en base a cláusulas y conciertos sociales de personas en riesgo social que se hallen en desventaja en la obtención de un puesto de trabajo.
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En el epígrafe destinado a género, EAPN-A diagnostica que «el crecimiento de las desigualdades estructurales, como la de género, es uno de los síntomas de que las cifras macroeconómicas no sirven para un diagnóstico social». Para reducir este desequilibrio, la plataforma aboga por disminuir en un 30% el número de mujeres víctimas de violencia de género, estadística que lidera Andalucía con 35.543 mujeres, así como incentivar a las empresas para reducir la brecha salarial por motivos de género y cumplir sus planes de igualdad.
La lucha contra la transmisión intergeneracional de la pobreza es el objeto del sexto apartado del decálogo, sobre infancia y juventud. Desde la plataforma regional reclaman reducir en un 15% el total de menores en riesgo de pobreza y exclusión en Andalucía, que actualmente asciende a 563.394 (34,8% de la población infantil). Como propuesta también se incluye la dotar de medidas específicas al tramo de la juventud andaluza que se encuentre fuera del sistema educativo para desarrollo y mejora de su cualificación profesional.
El séptimo punto del documento es el de fiscalidad, respecto a la que EAPN-A solicita establecer medidas que den más peso a los impuestos directos para alcanzar un sistema fiscal progresivo, en el que se aumenten los ingresos procedentes de las rentas más altas para sufragar los gastos de las políticas sociales. Asimismo, se insta a que la gestión tributaria implemente medidas efectivas contra el fraude fiscal, que en 2017 ascendió a 720 millones de euros en Andalucía.
Los derechos humanos y su vinculación con la crisis de refugiados y la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas encabezan otro de los epígrafes del decálogo. El texto de la Red Andaluza habla de que la falta de atención a este colectivo «es más fruto de una mala planificación que del volumen de personas que realmente ha llegado a nuestra comunidad», por lo que se requiere reforzar el sistema de acogida con protocolos de emergencia eficaces, coordinar a las distintas administraciones para atender la realidad de la Frontera Sur y modificar el proceso de admisión de Menores Extranjeros No Acompañados.
En cuanto al noveno apartado del texto, está dedicado a la educación, abogando por reducir la tasa de abandono escolar del 23,5% actual al 15% e impulsar las plazas públicas aumentando su dotación frente a los conciertos privados. Asimismo, desde la plataforma se demanda establecer medidas específicas para contrarrestar la segregación escolar y Planes de Centro que persigan el éxito educativo de todo el alumnado en contraposición a las bajas expectativas actuales del profesorado respecto a los colectivos vulnerables.
Finalmente, el decálogo de EAPN-A se cierra con la demanda de aprobar una Ley del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía que promueva el fortalecimiento de las organizaciones sociales y sus redes, impulse su cooperación con las administraciones, empresas y universidades, y ponga en valor la contribución del Tercer Sector a las políticas públicas de inclusión.
