Ante la alarma social artificialmente creada en torno a la práctica de Terapias Alternativas y Técnicas Médicas No Convencionales, tras la publicidad del Plan del Gobierno para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, nos vemos en la obligación de denunciar lo que sigue:
1) Que el Plan que se presenta no es nada más que un intento ilegítimo de desprestigiar actividades perfectamente lícitas, eficaces y seguras.
2) Que dicho Plan ignora los derechos de los profesionales y de los pacientes, algo que no se espera de Ministros, a los que se pide un mínimo de preparación y prudencia.
3) Que el Plan se basa en prejuicios y sesgos políticos y económicos interesados, y no en datos.
4) Que el Plan carece de aval científico, técnico y jurídico. También carece de aval político y administrativo, porque en el mismo, ni han participado los agentes sociales afectados (universidades, profesionales y pacientes), ni han participado otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas), ni han participado otros partidos políticos. Se trata de una propuesta -ocurrencia arbitrista- que tan solo se puede calificar de propaganda.
5) Que esta actitud poco seria de los Ministros merma la confianza de ciudadanos y profesionales en las Administraciones Públicas y en la seguridad jurídica con la que se deben manejar los asuntos públicos, que exigen honradez, transparencia y neutralidad.
6) Que desde el punto de vista jurídico y en estricto análisis de técnica legislativa, las propuestas son por muchos motivos inaplicables. Es por lo que sospechamos que este plan se queda en un mero ejercicio de propaganda que tan solo pretende acabar con un sector económico y con la libertad de pacientes y consumidores de forma ilegítima. Hay razones de tipo presupuestario, de jerarquía normativa y de procedimiento que nos hacen llegar a la conclusión que antecede.
7) Que también se contrapone a Directivas Europeas y a la doctrina y jurisprudencia en materia de Mercado Interior, Salud y Consumidores. De hecho, hay un expediente abierto contra España desde el 2017 por este tipo de restricciones e injerencias ilegítimas en el mercado.
8) Que los agentes no van a estar dispuestos a que estos mecanismos de difamación y desinformación sigan destruyendo una actividad sanitaria eficaz, muy eficiente y honesta. Ya se han presentado requerimientos, recursos y acciones jurisdiccionales contra los responsables de esta actividad difamatoria.
9) Se ha requerido a esta Ministra -y a la anterior- a que de explicaciones y aporte informes que dice tener, se ha solicitado la apertura de expedientes disciplinarios a aquellos cargos de las organizaciones colegiales que se han excedido en sus manifestaciones, se ha instado procedimiento ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que continuará en el expediente abierto en la Comisión Europea y se ha denunciado ante los Tribunales de Justicia a una de las asociaciones que parecen constituir los únicos asesores expertos de los Ministros en el diseño del plan.
10) Todo ello se va haciendo y se seguirá haciendo con prudencia y discreción, no obstante con el ánimo de no dejar pasar impune ni un solo ataque más contra los intereses de los consumidores y los profesionales afectados.
