Amnistía Internacional y la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado han reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dijese que no hubo «ninguna irregularidad» en las devoluciones sumarias que se produjeron este jueves en la valla fronteriza de Ceuta, donde tuvo lugar un salto masivo tras el que 602 migrantes lograron acceder a España. La organización ha recalcado que esta práctica está «prohibida» de acuerdo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación comunitaria.
Desde el Ministerio del Interior admitieron devoluciones sumarias de migrantes en el salto a la valla fronteriza de Ceuta, recordando que s que ese hicieron «en cumplimiento a la legislación vigente».
Esta práctica –también conocida como devolución en caliente– es una medida recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana que ampara la devolución sumaria a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla bajo la figura jurídica del ‘rechazo en frontera’. Fue puesta en marcha en abril de 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente.
Ante las palabras del ministro, Amnistía Internacional ha afirmado que «ninguna legislación interna puede vulnerar normas y estándares internacionales de derechos humanos». Asimismo, ha instado a derogar la disposición adicional de esta norma que permite las devoluciones en frontera «sin acceso al procedimiento adecuado».
«Las expulsiones sumarias y colectivas están prohibidas, de acuerdo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación comunitaria, cualquier alegación de expulsión colectiva debe ser inmediatamente investigada», asegura la experta en migración en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.
«A pesar de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, las autoridades españolas continúan expulsando a través de la valla fronteriza a personas migrantes y a posibles solicitantes de asilo. Esta práctica vulnera las normas internacionales y la propia legislación española, que obliga al acceso a los procedimientos individualizados de asilo que permitan identificar si estas personas necesitan protección internacional», agrega.
Así pues, insiste en que estas devoluciones «podrían vulnerar el principio de no-devolución, que prohíbe a los Estados devolver -directa o indirectamente- a una persona a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro».
«EXCEDEN LOS LÍMITES»
Por otro lado, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también ha condenado proceso de devoluciones en la valla de Ceuta que, en su opinión, «exceden los límites marcados por los tratados y acuerdos internacionales, así como entran en directa colisión con el mandato expreso del Convenio Europeo de Derechos Humanos que fue ratificado expresamente por el Tribunal de Estrasburgo que condenó a España en el año 2017″.
«Pedimos urgentemente al ministro que abandone su postura de diálogo cero con las ONGs que trabajamos en política migratoria y aborde con todas las partes el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Tribunal de Estrasburgo. España debe asumir su papel y ser un ejemplo de integración», ha afirmado el presidente de la red, Daniel Mendez.
Desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también reclaman un plan de choque «urgente» e insta a Interior a que abandone «sus posturas más próximas al Partido Popular que a un Gobierno Progresista».
