El Tribunal Supremo da la razón a Ángela González y condena al Estado español a indemnizarla por el asesinato de su hija
El Tribunal Supremo reconoce la responsabilidad del Estado español en la muerte de la hija de Ángela González, asesinada por su padre durante un régimen de visitas impuesto por un juzgado, y obliga a la Administración a indemnizarla con 600.000 euros.
Tras 15 años de lucha, esta sentencia del Tribunal Supremo es la primera resolución judicial en el ámbito nacional que reconoce el grave daño que la justicia española infligió a Ángela.
El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a pagar una indemnización de 600.000 euros a Ángela González por su responsabilidad en la muerte de su hija Andrea, de 7 años de edad, que fue asesinada por su padre en el año 2003 durante un régimen de visitas sin supervisión impuesto por una jueza.
En la sentencia, el Tribunal Supremo reconoce el daño que la justicia española le inflingió a Ángela, afirmando que “se produjo por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después del fallecimiento de su hija”.
“Después de quince años, por fin la justicia me devuelve mi dignidad. Espero y deseo que esta sentencia del Tribunal Supremo sirva para que la justicia no entregue nunca más a ninguno de nuestros hijos e hijas a un padre maltratador”, afirma Ángela González.
Además, la decisión establece la obligación del Estado de cumplir con el dictamen del Comité CEDAW que en el año 2014 condenó a España por no haber protegido a Ángela ni a su hija.
El Estado español llevaba 4 años excusándose en la inexistencia de mecanismos que permitieran aplicar los dictámenes internacionales para no tener que cumplir con la condena del Comité CEDAW. Ahora, el Supremo echa por tierra esa postura e indica que en ausencia de un cauce específico en el ordenamiento español que obligue a cumplir los dictámenes internacionales, el procedimiento judicial usado por Ángela ha sido el adecuado para exigir su cumplimiento.
“Esta sentencia supone un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos. Es una sentencia histórica para Ángela porque por primera vez un tribunal español le da la razón. Pero no solo eso, sino que tiene un impacto muy positivo en nuestra democracia al volver a recordar que el Estado tiene obligación de cumplir con los estándares internacionales y garantizar que se respeten los derechos humanos”, afirma Gema Fernández, abogada de Women’s Link Worldwide.
Desde la organización afirman que la indemnización a Ángela es solo el primer paso de una serie de medidas marcadas por el Comité CEDAW que el Estado aún tiene que cumplir para mejorar su respuesta contra la violencia de género.
Para más información:
Sentencia del Tribunal Supremo | Dictamen del Comité CEDAW de 2014
