La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha informado en Pleno del Parlamento autonómico, que su departamento ha remitido ya varios casos relacionados con la atención sanitaria y el cierre de las clínicas dentales IDental en Andalucía al Ministerio Fiscal. Álvarez ha explicado que la Inspección de Servicios Sanitarios ha recibido y tramitado 112 reclamaciones o denuncias efectuadas por particulares o colegios profesionales, al mismo tiempo que ha realizado un total de 145 actuaciones inspectoras en las seis clínicas con sede en la comunidad andaluza.
Las actuaciones inspectoras han incluido múltiples visitas, reuniones con peritos y denunciantes, con Industria, ayuntamientos y con los colegios profesionales y fruto de las mismas, y concretamente en Sevilla, según ha detallado la titular de Salud, se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial aquellos casos en los que se desprende que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de infracción penal y un delito de salud pública. Asimismo, está en curso un expediente sancionador contra la clínica donde se han detectado dichas irregularidades.
Asimismo, la Dirección General de Consumo ha recibido y tramitado más de 3.100 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de IDental en Andalucía. La mayor parte de estas reclamaciones, más de 2.000, se han producido en el primer semestre de este año. En 2017, las reclamaciones ascendieron a 985, y en 2016, a 168.
Por otra parte, desde la Dirección General de Consumo se han iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, desatención a los consumidores, no atender los requerimientos formulados por la Administración, introducir cláusulas abusivas en los contratos, no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios, entre otras cuestiones. En total, consta que se han levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas existentes, y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores, con una sanción total de 1,2 millones de euros.
Además, desde los Servicios Provinciales de Consumo se están analizando las reclamaciones recibidas para su remisión a Fiscalía en aquellos casos en los que se detecte que se haya podido producir un delito de estafa. En este sentido, y según ha confirmado Álvarez, ya se han remitido a las fiscalías de las Audiencias de Sevilla y Córdoba los casos en los que se considera la posible existencia de un delito de estafa. La Fiscalía de Córdoba ha decidido iniciar diligencias previas y dar traslado a la policía judicial.
La Consejería de Salud «está realizando en el caso de IDental todo el trabajo posible dentro de nuestras competencias tanto de Consumo como sanitarias», ha explicado Marina Álvarez, quien ha transmitido todo el apoyo del Gobierno andaluz a las personas afectadas, comprometiéndose a seguir trabajando para dar la mejor solución a esta situación. Al mismo tiempo, ha asegurado que se ofrecerá toda la respuesta asistencial que puedan requerir las personas afectadas.
Reuniones mantenidas
La consejera de Salud ha enumerado las diversas reuniones mantenidas para buscar la mejor solución a este problema que afecta a miles de personas en España. Así, ha detallado que este martes mantuvo una reunión extraordinaria el Consejo Andaluz de Consumo en Sevilla para analizar las actuaciones desarrolladas y coordinar de la mejor manera posible las próximas medidas necesarias para minimizar las consecuencias de este cierre para las personas afectadas, ayudarlas, asesorarlas y proteger sus derechos como personas consumidoras.
Esta reunión ha contado con la participación de representantes de todos los organismos y entidades que integran este órgano colegiado cuyo objetivo es defender los intereses de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, promoviendo la mediación en los conflictos con las empresas. Forman parte de él la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, representadas en la reunión por FACUA y Al-Andalus.
También ha afirmado que se están manteniendo reuniones con las entidades financieras y la Asociación Nacional de Entidades Financieras de Crédito (ASNEF) para solicitar la suspensión inmediata del cobro del crédito al consumo concertado, para que las personas afectadas por el cierre de las clínicas no tengan que seguir abonando estos servicios.
Igualmente, se han mantenido encuentros con la plataforma nacional de afectados ADAFI, así como con la Asociación Sevillana Afectados IDental (ASAI), en la que se han recogido las peticiones de las personas afectadas, y se le ha trasladado el apoyo y asesoramiento y el compromiso de la Consejería de Salud en la protección de los derechos de estas personas. Por último, ha recordado que se han celebrado reuniones con el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas para coordinar acciones conjuntas.
