El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha presidido en la sede de la Consejería, en Sevilla, el primer encuentro con el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu; la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Teresa Muela; la secretaria general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Pilar Navarro, y diversos representantes de los Consumidores (FACUA, Al-Andalus, Adicaes), así como las empresas suministradoras de agua (ASA, AEOPAS), para abordar cómo se hará efectivo el derecho al agua como mínimo vital en Andalucía, tras el anuncio de la presidenta, Susana Díaz, de que la Junta impulsará esta medida para atender las necesidades básicas del consumo doméstico de todas las familias andaluzas.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz explicitó a través de un Informe sobre el Derecho Humano al Agua de 2015 el ascenso de los casos de pobreza hídrica y energética en la Comunidad Autónoma y ha reivindicado en diversas ocasiones la necesidad de una reforma legal en este ámbito. Siguiendo estas recomendaciones, y como desarrollo normativo de la Ley de Aguas de Andalucía de 2010, que en su artículo primero establece como una finalidad fundamental garantizar las necesidades básicas de uso de agua de la población, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio impulsó en 2016 la redacción de nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, que actualizara al anterior en este ámbito.
A este respecto, Fiscal ha señalado que el derecho al agua como mínimo vital será recogido tanto en el Reglamento como en la Ley de Cambio Climático a través de una disposición final, que supondrá asimismo una modificación de la Ley de Agua para el reconocimiento expreso de este derecho. Fiscal ha apuntado la relevancia de esto, ya que supone elevarlo al rango de Ley.
Por lo tanto, este nuevo Reglamento incorporará soluciones para asegurar el derecho a este servicio a colectivos en situación de vulnerabilidad económica. El consejero de Medio Ambiente ha sostenido que la tramitación de esta normativa está muy avanzada, por lo que podrá aprobarse antes de que acabe la Legislatura.
Según José Fiscal, «cuestiones como el suministro de agua potable son un derecho básico para la ciudadanía, por lo que corresponde a las diferentes administraciones trabajar en las medidas que incorporen en la gestión del recurso la garantía del mismo a todos los ciudadanos, incluidos los hogares sin medios económicos». Por ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con las distintas Consejerías con competencias en la materia, así como los Ayuntamientos, que son los que ostentan las competencias en este campo, trabajan ya en cómo hacer efectiva esta medida que dotará de mayor seguridad jurídica a estos servicios.
Por último, el titular de Medio Ambiente del Gobierno andaluz ha explicado que en esta primera toma de contacto se acordarán cuáles serán las futuras líneas de trabajo. Algunas de ellas, centradas en cómo diagnosticar la situación económica y de vulnerabilidad de las familias, definir qué entidad o institución implementará la medida, si la bonificación será parcial o total y cómo se financiará, proponiendo soluciones para problemas en la tarificacion, los cánones concesionales o la necesidad de una información más trasparente a los ciudadanos. Esta medida blindará, por lo tanto, los derechos de los consumidores y usuarios de servicios de suministro domiciliario de agua, e incorporará las nuevas tecnologías en materia de control, pérdidas del recurso y recuperación de costes.
