El pleno municipal ha aprobado instar al Gobierno central a modificar la ley para permitir la implantación de una tasa turística, en un debate marcado por reproches cruzados y la creciente preocupación social por el encarecimiento del alquiler.
La crisis de la vivienda volvió a situarse en el centro del debate político en el último pleno del Ayuntamiento de Málaga, donde el equipo de gobierno logró sacar adelante una propuesta para instar al Ejecutivo central a modificar la legislación vigente y permitir a los municipios implantar una tasa turística.
La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, plantea reformar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con el objetivo de que ciudades como Málaga puedan aplicar un recargo a las pernoctaciones turísticas. La medida no solo busca regular el impacto del turismo, sino también generar ingresos que se destinarían a políticas sociales, especialmente al refuerzo de ayudas al alquiler para familias en situación de vulnerabilidad.
Según el equipo de gobierno, esta tasa podría alcanzar una recaudación cercana a los 30 millones de euros anuales, recursos que consideran clave para hacer frente a lo que califican como el mayor desafío social de la ciudad: el acceso a una vivienda digna.
El debate, sin embargo, evidenció profundas diferencias entre los grupos políticos. Desde el gobierno municipal se defendió la necesidad de implicar a todas las administraciones, subrayando que el Ayuntamiento, por sí solo, no dispone de herramientas suficientes para resolver un problema estructural que afecta cada vez a más sectores de la población.
En el lado opuesto, la oposición criticó con dureza la gestión local en materia de vivienda. Desde el grupo socialista se denunció que Málaga se ha convertido en una ciudad “inalcanzable” para buena parte de sus habitantes, especialmente jóvenes y familias trabajadoras, señalando el aumento de precios y la presión del mercado turístico como factores determinantes.
También desde la confluencia de izquierdas se insistió en que la situación es “insostenible”, alertando de un modelo urbano que, según sus portavoces, está expulsando a vecinos de sus barrios tradicionales y generando desigualdad social. En este sentido, criticaron la proliferación de viviendas destinadas al uso turístico, que cifran en decenas de miles en la ciudad, y su impacto en el mercado residencial.
Uno de los puntos más controvertidos fue la negativa a declarar Málaga como zona de mercado residencial tensionado, una medida defendida por la oposición para limitar los precios del alquiler. La propuesta no salió adelante, lo que refleja la falta de consenso en torno a las soluciones más inmediatas.
El alcalde insistió durante el pleno en que la vivienda es su principal prioridad política y defendió las actuaciones municipales, recordando la promoción de vivienda pública y las iniciativas impulsadas en los últimos años. No obstante, volvió a reclamar al Gobierno central cambios normativos que permitan a los ayuntamientos disponer de más recursos y margen de actuación.
El debate también dejó patente el choque de modelos sobre cómo abordar la crisis habitacional. Mientras el equipo de gobierno apuesta por incentivar medidas como la tasa turística para financiar ayudas, otros grupos reclaman intervenciones más directas en el mercado, como la regulación de precios o la ampliación del parque público de vivienda.
En paralelo, otras formaciones señalaron la carga fiscal existente en el precio final de la vivienda y cuestionaron la eficacia de las políticas actuales, reclamando un aumento significativo en la construcción de nuevas viviendas.
Más allá de las posiciones políticas, el pleno reflejó una realidad compartida: el acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación creciente para la ciudadanía malagueña. El encarecimiento del alquiler, la presión turística y la escasez de oferta están configurando un escenario complejo que exige respuestas coordinadas.
La propuesta de implantar una tasa turística abre ahora un nuevo frente político y jurídico, ya que su aplicación depende de una reforma estatal. Mientras tanto, el debate sigue abierto en una ciudad donde la vivienda ha pasado de ser un problema estructural a una auténtica emergencia social.
